En un caso que ha generado una profunda indignación en las instituciones de seguridad de la región, el teniente coronel Cristhiam Camilo V. B., quien se desempeñaba como comandante del Distrito N.° 2 Sabana Norte de la Policía de Cundinamarca, ha sido enviado a un centro de reclusión especial tras ser vinculado a un proceso penal por (presunto) delitos de índole sexual.
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Abuso de autoridad y acoso sistemático: los hallazgos de la Fiscalía
La medida de aseguramiento intramural fue dictada por un Juez de Control de Garantías tras conocer los hallazgos de la Fiscalía General de la Nación, que lo señala de haber utilizado su posición de poder para someter a una joven auxiliar bachiller que se encontraba bajo su mando directo. La investigación adelantada por el ente acusador revela que el oficial no solo habría cometido actos de agresión física, sino que mantuvo una conducta sistemática de acoso e intimidación. Según las fuentes, la víctima fue objeto de insinuaciones sexuales persistentes, persecución y diversas formas de presión psicológica durante varios días previos al evento central de la denuncia.
El episodio crítico: la agresión en los alojamientos de Zipaquirá
Los hechos más graves se habrían materializado el pasado 8 de diciembre, cuando Villamil Benavides citó a la joven a los alojamientos del Distrito de Policía de Zipaquirá. En dicho lugar, aprovechándose de la evidente vulnerabilidad de la víctima y de la asimetría en la relación jerárquica institucional, el oficial presuntamente consumó la agresión sexual. El expediente de la Fiscalía destaca un agravante significativo: el uso de amenazas profesionales para garantizar el silencio de la auxiliar. Se estableció que el teniente coronel advirtió a la joven con obstaculizar su carrera profesional y su ingreso definitivo a la institución policial si se atrevía a denunciar lo sucedido.
Imputación de cargos y futuro del proceso judicial
Ante la contundencia de los elementos materiales probatorios, la Fiscalía Seccional Cundinamarca imputó a Villamil Benavides los delitos de acoso sexual y acceso carnal violento agravado. Estas conductas, según las fuentes, conllevan penas severas debido al abuso de autoridad implícito. A pesar de los señalamientos, el procesado no aceptó los cargos durante las audiencias preliminares. Por tal motivo, deberá enfrentar las etapas subsiguientes del juicio privado de su libertad en un pabellón especial para miembros de la Fuerza Pública, mientras la justicia determina su responsabilidad definitiva en este caso que pone en entredicho el manejo del poder dentro de las filas policiales en el departamento.
