Desde marzo de 2025 rige en Colombia la Ley 2450 o Ley Antirruido, con multas que regulan los niveles de sonido de vehículos. En municipios como Facatativá ya se reportan infracciones, especialmente de motocicletas y autos modificados.
La Ley 2450 de 2025 fija el umbral máximo de ruido permitido para motocicletas en 86 decibeles. Desde septiembre del mismo año, las autoridades comenzaron a imponer sanciones tanto económicas como administrativas a los propietarios de vehículos que sobrepasen este límite.
Las principales multas contempladas por la norma incluyen:

- Multas que pueden alcanzar los $1.208.000 pesos colombianos, lo que corresponde a 16 SMLDV.
- Inmovilización inmediata del vehículo infractor tras verificación por parte de las autoridades.
- Seguimiento y control reforzado en zonas identificadas como críticas.
Municipios como Facatativá han sido señalados como puntos clave donde las infracciones son más frecuentes, especialmente en horarios nocturnos. Allí, los reportes indican un notable incremento de motociclistas y vehículos autotuning circulando con altos niveles de ruido, lo que ha motivado la intensificación de los controles.
Para quienes se vean afectados por ruidos excesivos, existen protocolos claros de denuncia. Se recomienda a la ciudadanía recopilar pruebas como videos o grabaciones de audio, registrar el lugar y la hora del incidente, así como describir las características del vehículo implicado.
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Las denuncias pueden presentarse a la Policía Nacional o a la Secretaría de Tránsito local, organismos responsables de atender estas situaciones y aplicar la ley.
Entre los procedimientos sugeridos para la formalización de una denuncia, es importante:

- Documentar la ocurrencia con pruebas audiovisuales.
- Especificar detalles relevantes como hora, ubicación y tipo de vehículo.
- Realizar el reporte a las autoridades competentes de manera formal.
La Ley Antirruido plantea un esquema de control dirigido a mejorar la calidad ambiental sonora. La colaboración ciudadana es decisiva en el cumplimiento de esta regulación y en el fortalecimiento de las acciones de vigilancia por parte de las autoridades locales.
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Por lo anterior, el nuevo marco legal plantea también la necesidad de sensibilizar a la población sobre la importancia de respetar los límites de ruido establecidos y la existencia de canales formales para tramitar sus denuncias.
