Minsalud y la Superintendencia Nacional de Salud han introducido una normativa que marca un antes y un después en la gestión de autorizaciones y servicios en el sector sanitario colombiano. Con esta medida, se busca simplificar el proceso de atención, eliminando la necesidad de que una parte de los usuarios asuman trámites administrativos que, hasta ahora, han representado demoras y barreras para el acceso oportuno a la atención médica. La nueva Circular Conjunta No. 019 propone que la responsabilidad de gestionar autorizaciones recaiga en los entes administradores y prestadores de servicios, modificando el rol tradicional del paciente en este proceso.
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Esta iniciativa, impulsada bajo los criterios de agilidad y eficiencia, permite que las entidades responsables de pago, como las EPS, junto con los prestadores de servicios de salud (IPS) y los proveedores de tecnologías en salud, se encarguen exclusivamente de la tramitación interna. De esta manera, la atención médica en áreas críticas y de alta complejidad se fortalece al evitar que el usuario actúe como intermediario. La medida se implementa dentro del marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y busca actualizar las dinámicas administrativas en el sector para favorecer la respuesta inmediata en situaciones de urgencia.
La circular establece con claridad las responsabilidades de cada uno de los actores involucrados, los cuales deberán adaptar sus procesos internos para cumplir con la nueva directriz. Entre los principales involucrados se encuentran:
• Las Entidades Responsables de Pago (EPS) y otros pagadores del sistema.
• Los Prestadores de Servicios de Salud, incluyendo clínicas, hospitales y centros médicos.
• Los Proveedores de Tecnologías en Salud, tales como farmacias y laboratorios.
• Las Entidades territoriales encargadas de la inspección y vigilancia en materia de salud.
Esta redistribución de funciones implica que todos estos agentes deberán encargarse de la presentación, trámite y renovación de autorizaciones, sin trasladar la carga administrativa a los pacientes. La implementación de esta medida se alinea con la actualización de normativas previas, y elimina la necesidad de que el paciente participe en la gestión burocrática, lo cual representa una modernización de los procesos y una mejora en la eficiencia del servicio.
Dentro del marco de la circular se mantienen condiciones específicas en las cuales la autorización no puede ser exigida, especialmente cuando se trata de situaciones críticas. Entre estos escenarios se destacan:
• Procedimientos de urgencias médicas, donde la atención debe ser inmediata.
• Casos relacionados con VIH/SIDA, garantizando el acceso rápido a los tratamientos.
• Situaciones de cáncer en adultos y cáncer infantil, donde la rapidez en el tratamiento es fundamental.
• Atención en el marco de las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS).
• Otros eventos de salud priorizados según la caracterización y necesidades de la población.
Estos lineamientos permiten que, en situaciones que requieren intervención inmediata, se evite cualquier retraso administrativo que pueda afectar el tratamiento y el acceso a servicios críticos, reforzando el compromiso del sistema de salud con la atención oportuna.
La nueva normativa establece un cambio significativo en la operatividad del sistema sanitario, pues permite que el proceso de autorización se realice de forma interna entre las partes involucradas, eliminando la intervención directa del paciente. Por ejemplo, en casos donde se requiere acceder a medicamentos de alto costo o procedimientos ambulatorios, el proceso administrativo pasará a ser gestionado enteramente por las entidades responsables, sin que el usuario deba acudir a realizar ningún trámite. Este enfoque interno tiene la finalidad de optimizar tiempos y reducir posibles equivocaciones en el manejo de la información.
Entre los beneficios que se esperan con esta actualización se encuentran mejoras en la rapidez del acceso a tratamientos y la disminución de las demoras en las autorizaciones. Algunas de las mejoras prácticas incluyen:
• Trámite directo de medicamentos y tratamientos con alto costo, sin intermediación externa.
• Procedimientos quirúrgicos ambulatorios que serán gestionados internamente por los prestadores de salud.
• Exámenes especializados y otras intervenciones donde la autorización se tramitará de manera automatizada y comunicada electrónicamente al paciente.
En línea con la optimización de procesos, se han establecido plazos definidos para la respuesta a las solicitudes de autorizaciones. Según los nuevos parámetros, el tiempo máximo para la resolución de autorizaciones generales será de cinco días calendario, mientras que para poblaciones vulnerables –como adultos mayores, madres gestantes o personas con discapacidad– se establece un plazo de dos días hábiles. Estos tiempos pretenden asegurar que la atención se brinde dentro de un marco temporal razonable y sin retrasos innecesarios, respetando la urgencia y la gravedad que en algunos casos ameritan una acción inmediata.
La vigilancia del cumplimiento de estas nuevas disposiciones estará a cargo de la Superintendencia Nacional de Salud, organismo que se encargará de aplicar las sanciones correspondientes en caso de que alguna entidad o prestador traslade indebidamente la carga administrativa al usuario. La normativa hace referencia a los artículos 130 y 131 de la Ley 1438 de 2011, modificados por la Ley 1949 de 2019, estableciendo que la inobservancia del reglamento podrá acarrear sanciones de orden administrativa, disciplinaria, fiscal, penal o civil, previo el debido proceso administrativo. Este mecanismo de supervisión subraya el compromiso del Estado en asegurar la aplicación correcta de las políticas de salud.
La redifinición de responsabilidades en el proceso de autorizaciones representa una adaptación en línea con las necesidades del sistema sanitario, permitiendo que los procesos administrativos se orienten hacia la eficiencia y la eliminación de barreras para el usuario. Cada uno de los actores involucrados deberá adecuar sus procedimientos internos, con el fin de lograr una gestión integral que responda de manera efectiva a la creciente demanda en el sector de la salud, contribuyendo así a un mejor funcionamiento del sistema en beneficio de la población sin alterar la esencia de la prestación de servicios médicos.
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