Cobija a María del Carmen Plata Jarava y Fausta Cristina Nieto Jácome, quienes presentaron documentos adulterados para ingresar al Hospital San Rafael hace cinco años. En manos de la Fiscalía también se encuentran tres casos más por presuntas irregularidades ocurridas bajo la administración del entonces gerente de esa institución Mauricio Álvarez Torres, en el 2.015 y algo del 2.016.
Se supo que el par de mujeres, a través de la Cooperativa de Trabajo Asociado de Especialidades Médicas Cta, Coodesme, que tiene como base Girardot, ingresaron al servicio de urgencias con documentación espuria tratando de mostrarse como egresadas de la Universidad Metropolitana de Barranquilla.
La trama fue puesta al descubierto por la Oficina de Control Interno de la citada ESE en cumplimiento de sus responsabilidades de verificación de cuanto sucede en la institución, tras lo cual el asunto fue presentado ante la Fiscalía en Fusagasugá, Cundinamarca.
Una de ellas fue detenida en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá cuando pretendía tomar un vuelo nacional; también se conoció que Nieto Jácome, una vez abandonó el San Rafael de Fusagasugá, en una operación de la misma cooperativa que puede asimilarse a una especie de “traslado”, prestó servicios en el Hospital de Tena, Cundinamarca.
Las dos tienen escrito de acusación y se encuentran en detención domiciliaria a la espera del juicio correspondiente. Se supo que en ese entonces -2.015- ellas no habían terminado materias; en la actualidad ya completaron todo su proceso académico por lo que esperan graduarse si este impase ante la justicia se los permite.
Otros casos
En manos de la Fiscalía también se encuentras denuncias una de las cuales comprometería a Mauricio Garzón Joya (también presentó documentos falsos como médico auditor igualmente de la Universidad Metropolitana de Barranquilla) quien, por esos mismos días, era el encargado de adelantar las conciliaciones para hacer efectivos los pagos de las IPS por servicios que prestara el Hospital San Rafael (Fusagasugá, Cundinamarca); existen dudas sobre la suerte de algo así como $800 millones de pesos en operaciones adelantadas igualmente bajo la administración Álvarez Torres.
Haciendo fila se encuentran dos casos más; el primero tiene que ver con un contrato dudoso por $445 millones. Consiste en una negociación firmada con la empresa Tecniaceros y con la supervición de la Fundación Construyendo Tejido Social para adelantar trabajos de adecuación de infraestructura en varios pisos y servicios del San Rafael.
Las obras no concluyeron pero los dineros fueron cancelados en su totalidad luego que el interventor, Mauricio Rubiano Velazco, entregara su visto bueno.
También investiga la Fiscalía procedimientos aparentemente irregulares con la compra de abarrotes o mercado para el personal hospitalizado; según parece lo adquirido no venían completos y en varias oportunidades se habrían facturado productos que nuca llegaron a los almacenes del San Rafael. Acá habría un detrimento por el orden de los $117 millones.
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