10 años después de que las madres de Soacha, Cundinamarca, empezaran a vivir la desdicha y el dolor que había tocado a sus familias, asistieron a la sede de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), para ver frente a frente las caras de los responsables de la desaparición de sus hijos; fueron citados para confirmar su compromiso de aportar a la verdad de estos lamentables hechos.
Aporte informativo Pilar Cristancho
Con el paso de los años, las madres aún se sienten víctimas de un macabro plan que involucró a cinco de sus hijos en una estrategia para aumentar los resultados positivos, en el lenguaje castrense, de la Brigada Móvil Número 15, que operaba en Ocaña, Norte de Santander.
Entre enero y febrero de 2008 un grupo de militares inició el reclutamiento de jóvenes del municipio cundinamarqués, con promesas de trabajo en Norte de Santander. En ese proceso fueron contactados Diego Alberto Tamayo Garcerá, Víctor Fernando Gómez Romero, Jáder Andrés Palacio Bustamante, Julio César Mesa Vargas y Jhonatan Orlando Soto Bermúdez, adolescentes ilusionados por un mejor futuro, pero de allí fueron conducidos a un paraje en donde fueron asesinados y presentados como bajas de un supuesto combate contra una banda criminal.
Por estos atroces hechos, en abril del 2017, fueron condenados 21 militares a penas entre 37 y 52 años de cárcel por delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y desaparición forzada.
Catorce de estos uniformados, en febrero del presente año, pidieron ser acogidos en la jurisdicción de la JEP, petición que fue aceptada por la sala de definición de situaciones jurídicas y en ese proceso fueron convocados este viernes para notificarse oficialmente del inicio del proceso en su contra en la justicia transicional.
Estas personas, tras aceptar su compromiso con la verdad y reparación, quienes además pidieron perdón a los familiares de las víctimas, ahora quedan a la espera de empezar a recibir el beneficio de libertad condicional, estipulado como parte de los acuerdos de paz.
“La verdad que ellos van a decir no es una verdad auténtica. Queremos que, por medio de la JEP, si es posible, aparezcan los verdaderos culpables, que no nos vayan a decir que fueron solo ellos y que nos pidan perdón, porque no lo vamos a aceptar. Los altos mandos tienen que presentarse aquí y ellos son los que tienen que pedirnos perdón públicamente, para esclarecer que nuestros hijos no eran ningunos delincuentes. Nosotros no estuvimos ni somos víctimas del conflicto armado, somos víctimas del Estado”, dijo Ana Páez, madre de Eduardo Garzón Páez.
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