En una decisión que ha marcado un precedente en la lucha contra la violencia infantil en Cundinamarca, un juez ha impuesto una condena de 56 años y 6 meses de prisión a un hombre acusado de abusar, torturar y causar el fallecimiento de un niño en la zona rural del municipio de San Cayetano. Los hechos ocurrieron en el marco de funciones de cuidado con el menor, lo que agrava la responsabilidad del acusado.
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La investigación, liderada por la Fiscalía General de la Nación, esclareció el trágico suceso ocurrido el 18 de octubre de 2024 en una finca ubicada en la vereda Los Ríos.
La versión del acusado, en un intento de evadir su responsabilidad, apuntó a un accidente en el que el menor habría caído de un caballo y recibido impactos reiterados por el animal.
El hallazgo del cuerpo del niño se produjo dos días después de su reporte de desaparición, confirmando la existencia de lesiones que afectaron de manera grave su integridad física. El dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal resultó determinante, pues identificó signos claros de un episodio violento y prolongado de maltrato hacia el menor, enfatizando la gravedad del suceso.
Durante la audiencia preparatoria del juicio, el imputado aceptó los cargos señalados por la Fiscalía. Entre las imputaciones se encuentran los delitos de homicidio agravado, tortura agravada y acceso carnal violento con menor de 14 años, cada uno de ellos con su respectivo agravante al considerarse la condición del menor. Esta aceptación permitió avanzar de forma expedita en el proceso judicial.
La sentencia dictada por el juez no solo impuso la pena privativa de la libertad máxima correspondiente para aquellos delitos, sino que además incluyó una multa equivalente a 800 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Este componente económico se incorpora como un mecanismo de sanción adicional y ejemplarizante, en línea con la gravedad del caso.
Es relevante resaltar que la condena presentada se centra en un fallo de primera instancia, lo que implica que la decisión aún se encuentra sujeta a posibles recursos de apelación por parte de la defensa del acusado. Esta condición del proceso resalta la importancia de las garantías legales en un sistema de justicia que busca asegurar el debido proceso.
La sentencia representa un hito en la aplicación de medidas judiciales para abordar casos de violencia contra la infancia, evidenciando el compromiso institucional de las autoridades. En este sentido, tanto la Fiscalía como la Policía Judicial se han destacado por la rigurosidad en la investigación y el esclarecimiento de los hechos, lo cual ha permitido vincular de manera concluyente al acusado con la comisión de los delitos.
La emisión de esta sentencia se enmarca en el contexto de una respuesta judicial que apunta a prevenir futuros hechos similares, reforzando los mecanismos existentes para la protección integral de los menores. Las autoridades han indicado que cada uno de los elementos probatorios y testimoniales representaron un aporte fundamental para llegar a una conclusión basada en el análisis técnico y legal de los hechos.
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