Colombia enfrenta la degradación ambiental en un momento crucial, donde la intersección entre salud pública, biodiversidad y desarrollo sostenible configura un escenario complejo y multifacético. En el marco del Mes Mundial del Medio Ambiente, con la campaña #SinContaminaciónPorPlásticos como eje central, se evidencian desafíos que abarcan desde impactos en la salud hasta la preservación de los recursos naturales, lo que obliga a replantear estrategias en pro del bienestar general.
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Durante el último año, se han registrado cambios de gran envergadura en el territorio colombiano, resaltando un balance en el que los avances en algunas áreas conviven con importantes retrocesos en otras. La pérdida de 198,000 hectáreas de selva amazónica – equivalente a dos veces la superficie urbana de Bogotá – y la recolección insuficiente de desechos, que solo alcanzó un 17% en las municipalidades, subrayan la necesidad de reforzar políticas de preservación y reciclaje. Paralelamente, la calidad del aire en las ciudades ha mostrado concentraciones que triplican los límites seguros establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Las implicaciones en la salud derivadas de este deterioro ambiental son motivo de análisis en distintos sectores técnicos y académicos. Entre los impactos más relevantes se encuentran:
• Enfermedades respiratorias, que se han visto vinculadas con la exposición constante a contaminantes atmosféricos.
• Problemas cardiovasculares y la incidencia de ciertos tipos de cáncer, asociados a la mala calidad del aire y del agua.
• La propagación acelerada de enfermedades transmitidas por vectores, como el dengue y la fiebre amarilla, en un contexto de cambio climático que agrava estas condiciones.
El registro de costos en salud presenta cifras que invitan a una mirada holística sobre la importancia de un ambiente saludable. Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), los gastos derivados de la degradación ambiental en el país ascienden a alrededor de $20,7 billones de pesos, cifra que representa el 2,6% del PIB de 2015 y que está ligada a 13,718 muertes, además de casi 98 millones de síntomas y enfermedades. Ante este panorama, la relación entre calidad ambiental y la salud de los 52 millones de habitantes se transforma en un eje fundamental de la seguridad social.
La Corporación de la Seguridad Social (CODESS) ha delineado varios campos en los que se entrelazan riesgos ambientales y condiciones laborales, particularmente en sectores informales y de alta exposición. Entre los puntos destacados se encuentran:
• Salud en riesgo: Los altos costos en salud derivados de la contaminación hacen evidente la conexión con problemas respiratorios, cardiovasculares y, en ciertos casos, oncología.
• Pensiones y empleo: Un 56% de los trabajadores en el sector informal, tales como mineros y recicladores, carecen de protección en seguridad social, haciendo frente a mayores vulnerabilidades, especialmente en contextos de cambios extremos en el clima que afectan su productividad.
• Riesgos laborales: Los efectos derivados del humo de incendios, el calor extremo y la exposición a agroquímicos colocan a trabajadores de la agricultura, minería y construcción en una situación de incremento en los riesgos laborales.
La intersección entre el medio ambiente y la seguridad social se evidencia también en el ámbito de políticas y normativas, donde las listas actualizadas de enfermedades laborales incluyen factores vinculados a episodios de estrés térmico y eventos climáticos extremos. En este contexto, se hace notar la importancia de contar con mecanismos de prevención y atención que integren la variable ambiental en el diseño de protocolos de salud ocupacional, sin perder de vista la necesidad de cubrir a toda la población, en especial a los trabajadores expuestos en sus labores diarias.
Colombia, a la luz de su compromiso con la Agenda 2030, continúa trabajando en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El avance promedio del 53% hacia estas metas, según datos del DNP en 2023, es un indicador del esfuerzo realizado, sin embargo, algunos objetivos relacionados con el medio ambiente requieren una atención especial. En este sentido, se destacan los siguientes retos:
• ODS 6 (Agua Limpia y Saneamiento), en el que la superación de brechas en acceso a servicios básicos sigue siendo crucial, especialmente en áreas rurales.
• ODS 13 (Acción por el Clima), que demanda reducir emisiones en un 51% para 2030 y avanzar hacia la neutralidad de carbono para 2050, lo cual implica frenar procesos como la deforestación.
• ODS 15 (Vida de Ecosistemas Terrestres), orientado a detener la pérdida de biodiversidad y degradación de ecosistemas críticos como los páramos.
Un análisis comparativo entre logros y desafíos en la protección ambiental permite visualizar un escenario dual que resalta tanto avances significativos como áreas que requieren una intervención urgente. Por un lado, Colombia ha mostrado liderazgo en aspectos como:
• Conservación de la biodiversidad, con un 31% del territorio y un 37% del mar bajo protección formal, superando la meta global 30x30.
• Incremento en el uso de energías limpias, evidenciado por el 74.9% de generación de electricidad a partir de fuentes renovables y el desarrollo de proyectos de energía solar en regiones como Córdoba y Cesar.
• Reducción de emisiones per cápita, con niveles de 1.9 toneladas de CO₂, aproximadamente la mitad del promedio latinoamericano. Por otro, persisten preocupantes indicadores, tales como:
• La deforestación acelerada, con un aumento del 12% en la Amazonía y una pérdida de 198,000 hectáreas durante 2024, en parte atribuida a actividades de minería ilegal.
• La inadecuada gestión de residuos, que solo permite el reciclaje del 17% y resulta en 11.6 millones de toneladas anuales que acaban en rellenos sanitarios o en cursos de agua.
• Los niveles críticos de contaminación en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, donde las partículas PM2.5 sobrepasan en tres veces los estándares de la OMS.
La articulación entre iniciativas verdes y desafíos ambientales es un aspecto esencial para comprender la amplitud del reto que enfrenta Colombia en el contexto de su seguridad social y desarrollo económico. La relación entre la calidad del ambiente y los costos en salud pública ofrece, además, una base para la formulación de políticas integrales que aborden simultáneamente la degradación ambiental y sus repercusiones en los sectores más vulnerables. Este escenario obliga a consideraciones estratégicas en la gestión de recursos, la promoción de tecnologías limpias y la implementación de medidas preventivas en el ámbito laboral.
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