La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) celebró un hito histórico al cumplir 65 años de existencia, consolidándose como la autoridad ambiental fundamental en el centro del país.
En el marco de esta conmemoración, se llevó a cabo el foro titulado “Gobernanza Ambiental y Ordenamiento: 65 años cumpliéndole al territorio”, un espacio académico diseñado para promover un intercambio profundo de visiones frente a los desafíos que impone un clima en constante transformación.
El director general de la entidad, Alfred Ignacio Ballesteros, fue el encargado de marcar el rumbo de la jornada con una reflexión contundente sobre la crisis climática actual, señalando que el cambio en la naturaleza obliga necesariamente a una transformación en la conducta humana y en la gestión institucional.
El evento no fue solo una celebración, sino un análisis de alto nivel sobre la seguridad hídrica y el desarrollo sostenible en el que participaron figuras clave como el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, el exministro de ambiente Ricardo Lozano, y el magistrado del Consejo de Estado, Jorge Edison Portocarrero.
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Presión demográfica sin precedentes y su impacto territorial
Según el gobernador Rey, el departamento enfrenta una presión demográfica sin precedentes, siendo la región con mayor crecimiento poblacional del país con una tasa cercana al 81 por ciento.
Las proyecciones para el año 2050 indican que el centro de Colombia albergará a cerca de 6 millones de personas adicionales, lo que implica una demanda masiva de vivienda y una propensión alarmante a afectar ecosistemas estratégicos si no se realiza un ordenamiento responsable.
Este crecimiento explosivo representa uno de los mayores desafíos de planificación en la historia reciente de Cundinamarca, exigiendo una coordinación meticulosa entre el desarrollo urbano, la protección ambiental y la garantía de servicios públicos esenciales.
La densificación descontrolada no solo saturaría la infraestructura existente, sino que ejercería una presión insostenible sobre fuentes hídricas ya vulnerables y áreas de alto valor ecológico, poniendo en riesgo la viabilidad misma del territorio a largo plazo.
La firmeza institucional como respuesta a la expansión desordenada
Ante este panorama, el director Ballesteros fue enfático al describir uno de los mayores retos administrativos de la CAR: la necesidad de mantener firmeza frente a los municipios que solicitan ajustes en sus modelos de ordenamiento para expandirse sin criterios técnicos.
La corporación ha tenido que emitir respuestas negativas en diversos casos donde la demanda de recursos, especialmente el agua, ya ha superado la oferta disponible en el territorio.
Esta posición, aunque compleja políticamente, es fundamental para evitar el colapso ambiental.
La visión de la CAR para las próximas décadas es clara y contundente: el territorio debe ordenarse estrictamente en torno al recurso hídrico, garantizando que el consumo humano sea la prioridad absoluta.
Esto implica establecer límites ecológicos infranqueables para la expansión urbana, promover modelos de desarrollo compacto y sostenible, y priorizar la restauración y protección de cuencas abastecedoras sobre cualquier interés de corto plazo, sentando las bases para una verdadera gobernanza ambiental.
Articulación multisectorial: La única ruta para la "casa común"
Desde la perspectiva del sector productivo, Edwin Chiriví Bonilla, gerente de Camacol Bogotá, y Ricardo Lozano, hoy presidente de la Corporación Ambiental Empresarial (CAEM), coincidieron en que el desarrollo económico no es posible sin un compromiso ambiental articulado.
Los líderes gremiales reconocieron que se están gestando alianzas de beneficio mutuo para trabajar armónicamente con la autoridad ambiental, entendiendo que la sostenibilidad es también un imperativo de competitividad y riesgo empresarial.
Por su parte, el magistrado Portocarrero recordó que Colombia posee herramientas constitucionales poderosas como la tutela y los pactos de cumplimiento, los cuales permiten a los ciudadanos exigir la protección de sus derechos ambientales frente a la lentitud administrativa, lo que añade una capa de control judicial indispensable.
Finalmente, la CAR reafirmó que su misión en estos 65 años ha sido empoderar a la comunidad para que participe activamente en el desarrollo y ordenamiento del territorio.
La corporación, cuya sede principal se encuentra en Bogotá y ofrece múltiples canales de atención como la línea gratuita y el buzón judicial, insiste en que la sostenibilidad del territorio es el único camino para asegurar la viabilidad de todos los sectores productivos.
El cierre del foro dejó una consigna inequívoca para el futuro: la construcción de la "casa común" requiere una articulación total, sincera y operativa entre la justicia, la academia, el sector privado y los entes territoriales para enfrentar con solvencia los desafíos de un clima cambiante y una sociedad en constante evolución.
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