El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, ha calificado como “absurdo e injusto” el señalamiento de la concesión Coviandina, que atribuye la responsabilidad del deslizamiento en el kilómetro 18+600 de la vía al Llano a un grupo de 12 viviendas campesinas de la vereda Caraza, en Chipaque.
Este crucial corredor vial, arteria indispensable para el transporte de carga y pasajeros entre el centro del país y los Llanos Orientales, cumple 17 días bloqueado, generando un impacto económico y logístico de magnitudes aún incalculables.
Defensa de la comunidad campesina y diagnóstico técnico de la emergencia
Frente a la versión de la concesionaria, el Gobernador Rey salió en defensa de los aproximadamente 40 habitantes de las viviendas señaladas, en su mayoría adultos mayores y personas con discapacidad dedicados al cultivo de hortalizas y aromáticas.
“Solo falta que pretendan que ellos mismos estabilicen la montaña y recojan el material que cubre la vía”, escribió en su cuenta de X, subrayando la desproporción de culpar a una comunidad vulnerable por una falla de infraestructura a gran escala.
En su diagnóstico, la raíz del problema no se encuentra en las modestas viviendas, sino en la gestión inadecuada del agua pluvial. Según su explicación, miles de metros cúbicos de agua se filtran desde las cunetas de la carretera a la altura del kilómetro 16, descendiendo por la montaña hasta saturar el terreno donde ocurrió el derrumbe.
El mandatario recordó que la concesión anterior a Coviandina ya había identificado este riesgo y ejecutado obras de mitigación, como la construcción de pozos de abatimiento y canales para el manejo de las aguas.
Sin embargo, el abandono progresivo del mantenimiento de estas estructuras a lo largo del tiempo habría provocado su saturación y posterior fisuración, desencadenando la inestabilidad de la ladera.
Puesto de mando unificado departamental y responsabilidades para la concesión
Ante la gravedad de la situación, este 24 de septiembre se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) departamental con la participación de la Gobernación de Cundinamarca, la Concesión Coviandina, el Instituto Nacional de Vías (Invías), la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Ministerio de Transporte y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
Como resultado inmediato de este PMU, se asignaron responsabilidades concretas a la concesionaria. Coviandina deberá realizar estudios técnicos exhaustivos y ejecutar de manera inmediata las obras necesarias para la conducción y manejo eficiente de las aguas en la parte alta del sector crítico.
Adicionalmente, se le exigió establecer un sistema de monitoreo topográfico permanente que permita anticipar futuros movimientos.
La exigencia de una solución nacional
No obstante, el gobernador Rey enfatizó que estas acciones, aunque urgentes, son insuficientes para una solución duradera. Por ello, hizo un llamado vehemente para que el Ministerio de Transporte lidere y convoque un PMU de carácter nacional, ya programado para el viernes 26 de septiembre.
El objetivo central de este encuentro de alto nivel será definir los recursos técnicos y presupuestales que permitan ejecutar una solución de ingeniería definitiva.
"Esperamos que el Gobierno Nacional asuma la responsabilidad de impulsar las obras de ingeniería necesarias para mitigar el riesgo y recuperar este corredor vital para la movilidad del país”, aseveró Rey.
El PMU departamental se mantendrá activo de forma ininterrumpida hasta que inicie el PMU nacional, con el fin de garantizar la articulación efectiva entre las entidades y consolidar un plan de acción conjunto que desbloquee, de una vez por todas, esta vía estratégica.
La postura firme del Gobernador no solo defiende a la comunidad campesina, sino que exige corresponsabilidad estatal para una infraestructura vial segura y sostenible.
