En Fusagasugá iniciaron la nueva modalidad delictiva mediante la cual defraudaron a número indeterminado de personas; calculan las autoridades que se quedaron con algo más de mil millones de pesos antes de que fueran puestos tras las rejas. La organización era dirigida por una mujer que, desde Cali en donde tenía casa por cárcel, manejaba los hilos de la trama que dejó si carro y sin ahorros a buen número de incautas víctimas.
Fue la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional que, junto a la Fiscalía, adelantó el trabajo investigativo cuyos resultados permitieron desmantelar la banda compuesta por siete personas, entre ellas cuatro mujeres.
De momento no se conocen mayores detalles tanto del trabajo de las autoridades como sobre las identidades de los implicados u otros aspectos a los cuales acudían para estafar.
Se supo sí que convencieron a varios propietarios de vehículos (calcula que fueron 40) para que los arrendaran en supuestos contratos con alcaldías, gobernaciones u otras empresas para lo cual prometían jugosos dividendos; alrededor de 5 millones de pesos mensuales.
Estos mismos automotores eran ofrecidos en venta los cuales “negociaban” mediante toda clase de facilidades y ofertas a las cuales difícilmente el comprador podía negarse; ya con el dinero en el bolsillo desaparecían.
La banda disponía de una organización bien montada; contaba con un grupo de personas encargadas de promocionar el negocio mediante la modalidad “voz a voz”; igualmente eran los encargados de realizar los contactos con las potenciales víctimas.
De acuerdo a los reportes oficiales “La estructura criminal contaba con personas que fungían como captadores de víctimas, asesores jurídicos para la elaboración de los contratos, responsables de la contaduría y representantes utilizados para las firmas de los contratos”.
Generalmente simulaban estar enfrentados a tragedias familiares para generar empatía con las víctimas y justificar la “favorable negociación”.
La organización criminal era comandada por una mujer de 39 años quien, en su casa de Cali, gozaba de una pena por delitos similares; realizó estafas por más de 2.500 millones de pesos. Sin embargo desde allí montó la nueva “empresa” puesta al descubierto por los investigadores de la Policía y la Fiscalía.
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