La Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios) lanzó una voz de alarma de alcance nacional que resuena con especial fuerza en los 1.103 municipios del país.
El gremio que agrupa a los alcaldes alertó, en un comunicado urgente del 8 de enero de 2026, sobre las catastróficas consecuencias que tendría una drástica reducción en las transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP) para la vigencia fiscal 2026.
Según Fedemunicipios, una interpretación normativa que consideran "contraria al espíritu y la letra de la Constitución de 1991" está detrás de una proyección que podría dejar a las administraciones locales sin el oxígeno financiero necesario para garantizar derechos fundamentales a millones de colombianos.
Las cifras presentadas por el presidente de la federación, el alcalde de Soacha Julián Sánchez Acosta, son elocuentes y generan escalofrío en el sector público local.
Mientras que en el último periodo de 2025 el Gobierno Nacional transfirió a los municipios y departamentos la suma de 2.1 billones de pesos a través del SGP, la asignación preliminar y proyectada para el año 2026 caería en picada hasta los 1.09 billones de pesos.
Esta variación representa una disminución del 48.8%, casi a la mitad de los recursos. Para contextuar la magnitud: el SGP es la principal fuente de financiación para sectores como educación, salud, agua potable y saneamiento básico en la mayoría de municipios, especialmente en aquellos de categorías 4, 5 y 6 (los más pequeños y con menor capacidad de generar ingresos propios).
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Un golpe a los servicios esenciales y a la planificación local
Gilberto Toro Giraldo, director ejecutivo de Fedemunicipios, explicó con crudeza las implicaciones. "Estamos hablando de que los alcaldes se quedarían sin recursos para pagar a los maestros de las escuelas públicas, para comprar medicamentos en los hospitales locales, para financiar los programas de alimentación escolar (PAE), para mantener los acueductos veredales y para invertir en la primera infancia", afirmó.
La reducción no es un simple recorte presupuestal del que se pueda compensar con "más eficiencia"; es un terremoto financiero que obligaría a congelar obras, despedir personal temporal y, en el peor escenario, a la paralización parcial de servicios esenciales.
Además, esta incertidumbre rompe por completo la planificación territorial a mediano plazo, ya que los alcaldes electos en 2023 planearon sus Planes de Desarrollo con base en proyecciones de recursos que hoy se desvanecen.
El debate técnico y constitucional detrás de la reducción
El origen del problema, según Fedemunicipios, se encuentra en la metodología de cálculo de los recursos que conforman el SGP.
La federación argumenta que el Gobierno Nacional estaría aplicando una fórmula que no reconoce adecuadamente los incrementos en los ingresos corrientes de la nación, lo cual va en contravía del artículo 356 de la Constitución y de la Ley 715 de 2001 que reglamenta las participaciones.
Fedemunicipios sostiene que el SGP debe crecer anualmente, como mínimo, al mismo ritmo que los ingresos corrientes de la nación, para garantizar que la inversión social en los territorios mantenga su poder adquisitivo y su cobertura. La interpretación actual, alegan, congela o reduce artificialmente estos recursos.
Un llamado urgente al diálogo con el Gobierno Nacional
Frente a esta crisis anunciada, Fedemunicipios ha radicado una solicitud formal ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Dirección General del Presupuesto Nacional para que se revise de manera inmediata la proyección y se establezca una mesa técnica que clarifique las reglas de juego.
El gremio pide estabilidad presupuestal y reglas claras para no tener que gobernar en medio de la zozobra financiera.
"No podemos llegar a las comunidades a decirles que los servicios por los que pagan sus impuestos se van a suspender por una decisión técnica de Bogotá que desconoce la realidad de las regiones", sentenció Toro Giraldo.
La alerta está encendida, y los próximos meses serán cruciales para determinar si los municipios colombianos podrán cumplir sus mandatos constitucionales o si se verán abocados a una crisis de gobernabilidad sin precedentes por la falta de recursos.
La ballesta está cargada, y el desenlace depende de un diálogo urgente entre el centro y las regiones.
