Nuevos reportes alertan sobre la llegada de la organización criminal conocida como “Satanás” al municipio de Zipaquirá, Cundinamarca. Diversos actores productivos de la zona, principalmente comerciantes y transportadores, han recibido mensajes amenazantes que incluyen videos, audios y panfletos firmados por esta banda. Esta situación marca un cambio en el panorama de seguridad, al trasladarse a Zipaquirá fenómenos que ya habían generado preocupación en otros municipios de la región, especialmente en Soacha.
De acuerdo con testimonios obtenidos por medios nacionales, las amenazas llegan como antesala directa a intentos de extorsión. El método utilizado involucra primero intimidaciones, seguidas por exigencias económicas a cambio de permitir la continuidad de las actividades laborales, principalmente a conductores de buses, taxis y vendedores ambulantes. Las cuotas semanales reclamadas han oscilado entre los 10.000 y los 30.000 pesos por persona, lo que ha llevado a múltiples afectados a buscar alternativas de negociación con los extorsionistas, una práctica que refleja el nivel de desesperación y vulnerabilidad existente.
Los informes citados revelan cómo la presión financiera sobre los pequeños comerciantes se combina con el temor permanente por posibles represalias. Familias cuya única fuente de ingresos depende de la venta informal se ven forzadas a negociar tarifas con miembros del grupo, quienes responden argumentando que otras víctimas ya han aceptado las condiciones impuestas. Así, la estructura de cobro se convierte en un sistema regularizado de coacción.
En este contexto, la aparición reiterada del alias “Moisés” en las conversaciones interceptadas señala el papel de un nuevo líder en la organización, tras la detención del cabecilla identificado como “Satanás”. Según los registros, el alias “Moisés” es mencionado con frecuencia por los autores de amenazas en distintos actos delictivos, acompañando sus mensajes con la exigencia de cumplir pagos bajo riesgo de violencia.
En las denuncias presentadas por las víctimas ante la Fiscalía, exponen que la mayoría de las investigaciones permanecen estancadas en los despachos especializados en secuestro y extorsión. La percepción de inactividad institucional ha generado una sensación de desamparo entre quienes enfrentan los delitos. Los afectados relatan que las respuestas oficiales y los resultados de las acciones investigativas han sido insuficientes en relación con la gravedad de los hechos.
De las comunicaciones interceptadas, se desprenden conversaciones directas donde los comerciantes buscan disminuir la cuota exigida y exponen la imposibilidad de cumplir con los valores impuestos, argumentando la crisis económica y el bajo nivel de ventas. Los emisarios de la banda, sin embargo, mantienen una posición rígida y persisten en establecer una tarifa global para todos los involucrados.
Entre las amenazas reportadas, se detallan mensajes directos en los que los extorsionadores advierten sobre las consecuencias de no cumplir con los pagos, haciendo referencia explícita a hechos violentos registrados previamente y reiterando que las listas de víctimas potenciales ya están definidas. Las exigencias vienen acompañadas de la entrega de panfletos intimidatorios y el uso de los mismos números telefónicos para realizar las consignaciones, lo que sugiere un modus operandi consolidado y coordinado.
Cronología de los hechos en la zona:
- Aparición de la banda “Satanás” con actividades criminales en Soacha hace más de un año.
- Extensión de amenazas y extorsiones a comerciantes en Zipaquirá.
- Incorporación de tecnología digital a través de videos y mensajes de voz como mecanismo de intimidación.
- Denuncias de inactividad en los procesos judiciales relacionados con estos casos.
La presencia de organizaciones como esta ha impactado notablemente el ambiente de seguridad y convivencia en la región de la Sabana de Bogotá. Comerciantes y trabajadores del sector transporte reportan un incremento en la presión diaria, lo que repercute directamente en sus actividades económicas y su integridad personal. Las denuncias recogidas permanecen bajo investigación, mientras integrantes de la comunidad continúan recibiendo amenazas y exigencias de pago de manera sistemática.
