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Examinarán drama social por toma de los Supercundi

por: Omar Gamboa

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Nadie responde por los salarios y prestaciones sociales a los trabajadores como tampoco por las deudas a proveedores; deben millonarias sumas en arriendos; el Concejo de Fusagasugá examinará el tema. La evaluación será adelantada este jueves 21 de marzo a las 8 de la mañana de acuerdo a los anuncios entregados a los “dolientes” por el cierre de los supermercados.

Informe Especial

Tiene el propósito de llamar la atención del Gobierno y de las autoridades a fin de que se tomen medidas urgentes que mitiguen los delicados daños causado a trabajadores y proveedores y las familias de todos ellos.

Balances iniciales señalan que desde cuando la Fiscalía tomó posesión de la cadena de almacenes de abarrotes, han quedado cesantes más de mil empleados directos en las diferentes sucursales en Fusagasugá (cerca de 350), Girardot, Facatativá, Bogotá al igual que en Saldaña, Guamo y Melgar (Tolima) como también en Puerto Boyacá (Boyacá) y La Gran Manzana en Suba, igualmente en la capital colombiana.

Resultaron afectadas, además, todas las personas que, de una forma u otra, derivaban sus ingresos de las actividades que se generaban alrededor de los establecimientos (economía informal); por ejemplo los transportadores, empacadores, los llamados “coteros”, los vendedores ambulantes y los referenciados como impulsadores enviados por las fábricas para promover sus artículos.

Muchos de los actuales operarios tienen salarios pendientes; a muy buena parte de ellos les adeudan prestaciones sociales. “Deben liquidaciones desde octubre no han pagado seguridad social, no consignaron cesantías y a todo esto se le suman las deudas a proveedores y la falta de surtido en los almacenes”, comentó una fuente que pidió no ser identificada.

Se supo que igualmente enfrenta serios problemas los propietarios de los locales en donde aún operan los almacenes; son más o menos, 20. Desde octubre no pagan arriendo y ni los Páramo, (depositaros de los supermercados) ni la Sociedad de Activos Especiales responden.

El manejo de los Supercundi se ha visto salpicado de escándalos sobre presuntos hechos de corrupción los cuales no han sido aclarados por las autoridades. (Ver: A los Supercundi les “exigían dinero para favorecer pleito” )

Mutuamente, entre los Páramo y la SAE, se “revotan” el compromiso; hoy nadie, por fuera de ellos, conoce el monto de la deuda y menos quién debe asumirla. Tampoco devuelven los locales a fin de que allí sean reiniciados otros negocios a manos de nuevos inversionistas; ello permitiría reactivar movimientos comerciales facilitando, incluso, la recuperación de los empleos perdidos.

A ello hay que sumarle las cuentas pendientes con los proveedores, algunos de ellos pequeños productores rurales del Sumapaz que derivaban muy buena parte de sus ingresos con las ventas a los Supercundi.

Precisamente con ese propósito fue convocada la sesión especial en el Concejo de Fusagasugá. “…se extiende una invitación a todas las personas que se están vendiendo afectadas con el manejo de la administración provisional que delego la SAE para los SUPERCUNDI”, dice uno de los mensajes a través de las redes sociales.

Agrega que la convocatoria está dirigida principalmente a “quienes les deben su liquidación cesantías salarios, proveedores, vendedores, empresas, propietarios de locales y ciudadanía en general que está afectada por esta situación”. Fueron invitados, a la sesión, la Procuraduría y la Personería de Fusagasugá.

Este portal de noticias, www.noticiasdiaadia.com, trató de consultar estas inquietudes con los Páramos y la Sociedad de Activos Especiales pero no fue posible la comunicación.

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