En el municipio de Sibaté, Cundinamarca, un taller de carpintería se convirtió en escenario de un suceso violento cuyas repercusiones legales avanzan rápidamente. El proceso judicial vincula a Carlos Eduardo Caro Herrera con el homicidio de su empleador, después de que una discusión relacionada con el pago parcial de la fabricación de unas puertas deviniera en hechos de violencia en la madrugada del 17 de diciembre de 2025. Según la Fiscalía General de la Nación, la investigación reveló que la disputa por el pago incompleto fue el detonante que intensificó el conflicto entre ambos.
El informe del ente investigador detalla que la confrontación pasó, en cuestión de minutos, de un intercambio verbal a un ataque físico. Caro Herrera, conforme a las conclusiones expuestas por la Fiscalía durante la audiencia de imputación de cargos, usó inicialmente un objeto contundente y posteriormente un cuchillo para agredir a la víctima. El propio taller se transformó en el sitio donde se perpetró el crimen y se efectuó la desmembración del fallecido, operaciones en las que fueron utilizadas herramientas propias del establecimiento.
Posteriormente, las acciones del implicado se extendieron más allá del lugar de los hechos. Caro Herrera trasladó parte de los restos hasta la vereda Alto del Cabra en Soacha, donde los abandonó en una bolsa plástica. Según los funcionarios judiciales, esta decisión habría tenido como propósito deshacerse de pruebas y complicar el accionar de las autoridades. El cuerpo fue encontrado al día siguiente, el 18 de diciembre, dentro de una cobija y atado, provocando una intensa reacción entre los habitantes del sector que derivó en una investigación ampliada a cargo de la Policía Nacional.
El desarrollo de la investigación permitió establecer que, tras el crimen, Caro Herrera se apropió de diversos bienes de la víctima. Estos bienes incluían una motocicleta, dinero en efectivo, un teléfono celular, herramientas y efectos personales, los cuales, de acuerdo con los registros de la Fiscalía, fueron comercializados posteriormente en Bogotá. Dicha información alimentó la imputación de delitos que abarcaron homicidio agravado y hurto calificado. Caro Herrera aceptó su responsabilidad por los hechos durante la diligencia ante el juez, lo que facilitó el avance del proceso judicial hasta la imposición de medida de aseguramiento en centro carcelario.
Paralelamente, otro episodio registrado en el municipio cercano de Soacha mantiene la atención de las autoridades y la opinión pública por sus circunstancias particulares. Un hombre, acompañado de sus dos hijos, fue capturado y vinculado judicialmente tras el fallecimiento de un joven durante una disputa sobre una deuda relacionada con servicios de reparación de motocicletas. El incidente se produjo en el conjunto residencial Terra Grande, donde residía la víctima, Santiago Torres de Ossa, de 19 años de edad.
Según la Fiscalía, la confrontación comenzó cuando John Jairo Medina Molina, junto con Jhoan Esteban y Andrés Fabián Medina Sendales, se presentaron en la vivienda de Torres de Ossa para exigir el pago de 60.000 pesos que, presuntamente, les debía por un arreglo mecánico. Lo que inició como una discusión verbal escaló hasta el uso de armas cortopunzantes. El joven resultó herido de gravedad en el brazo derecho y el pecho; aunque fue trasladado de inmediato a un centro hospitalario, llegó sin vida.
Las capturas se efectuaron poco después del hecho, sustentadas en las pruebas recolectadas durante la fase inicial de la investigación. Durante las audiencias judiciales, la defensa de los acusados negó su vinculación directa con el homicidio. No obstante, los elementos presentados por la Fiscalía resultaron suficientes para que el juez penal de control de garantías dictara medida de aseguramiento intramural.
Dentro del avance de las diligencias se han destacado algunos aspectos clave:
- Identificación y captura de los presuntos responsables a partir de pruebas técnicas y testimoniales.
- Imputación formal por el delito de homicidio agravado.
- Negativa de los acusados a la aceptación de cargos.
- Otorgamiento de la medida de aseguramiento mientras se desarrolla el proceso penal.
Las autoridades judiciales de Cundinamarca han reiterado la prioridad en el esclarecimiento de estos casos y el cumplimiento del debido proceso para garantizar la comparecencia de los involucrados ante la justicia. El seguimiento y desarrollo de ambas investigaciones continúa bajo la coordinación de la Fiscalía Seccional Cundinamarca, que mantiene la recopilación de elementos probatorios en cada uno de los procesos.
Estos procedimientos reflejan la respuesta de los organismos judiciales a hechos de violencia derivados de conflictos laborales y disputas económicas que han impactado recientemente a las comunidades de Sibaté y Soacha, dejando en manos de los jueces la determinación de eventuales responsabilidades penales.
