Este 17 de febrero, un operativo coordinado por varias entidades estatales resultó en la desarticulación de un grupo que había ganado notoriedad en Funza y otras zonas de La Sabana bajo el nombre de “Los recorredores”. Este grupo, según la investigación, se encontraba vinculado a la comercialización de estupefacientes en distintas modalidades y generaba recursos económicos a gran escala.
La intervención, liderada por la Policía Nacional y apoyada por la Fiscalía General de la Nación, contó con la participación de la Sijín y los grupos de inteligencia del Departamento de Policía de La Sabana. Gracias a un trabajo investigativo detallado, se identificó la estructura y el funcionamiento de la red, la cual, conforme a los reportes oficiales, llegaba a obtener significativas sumas de dinero mediante la venta de drogas ilícitas.
Durante el desarrollo del operativo fueron capturadas cinco personas que, según los informes recogidos, tenían roles de liderazgo y coordinación en las actividades delictivas. Estos individuos enfrentan cargos relacionados con la distribución y comercialización de sustancias prohibidas, con un enfoque especialmente preocupante en el suministro a menores de edad en entornos escolares, parques y espacios públicos.
Respecto a la actuación judicial, los cinco detenidos permanecen a disposición de la autoridad judicial bajo medida de aseguramiento en centro penitenciario. Los cargos que se les imputan corresponden a concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, dos delitos tipificados en la normatividad penal vigente en Colombia.
La administración municipal de Funza, a través de su alcaldesa Jeimmy Villamil Buitrago, resaltó el trabajo articulado entre instituciones y subrayó la importancia de mantener la cooperación interinstitucional para preservar la seguridad en el municipio. Durante una declaración a la prensa, la mandataria enfatizó la posición de la administración frente al delito y recalcó la labor conjunta con organismos de control y vigilancia.
En el marco de la operación, las autoridades reiteraron la necesidad de contar con la participación activa de la ciudadanía en la identificación y denuncia de hechos que puedan poner en riesgo la convivencia y seguridad pública. El microtráfico, según informes locales, constituye una de las problemáticas prioritarias para el accionar de las autoridades en Cundinamarca.
Entre los puntos legales más relevantes sobre el caso, se destacan las disposiciones del Código Penal en torno a los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Estos contemplan sanciones que pueden llegar a alcanzar varias décadas de privación de libertad, dependiendo de la gravedad de los hechos y el grado de participación de los acusados.
Algunos aspectos destacados del marco sancionatorio colombiano son:
- Concierto para delinquir: contempla penas que oscilan entre 8 y 18 años de prisión, además de multas económicas, aumentando si se acredita que el procesado dirigía o financiaba la organización.
- Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes: comporta castigos de hasta 30 años de cárcel en los casos más graves, con sanciones diferenciadas según cantidad y tipo de sustancia.
La acumulación de cargos incrementa las consecuencias jurídicas, sumando tiempos de reclusión y gravámenes económicos. Además, circunstancias agravantes como reincidencia, el involucramiento de menores y la pertenencia a asociaciones criminales pueden aumentar la severidad de la condena.
La legislación penal, igualmente, prevé ciertos mecanismos para reducir penas en casos donde los acusados aceptan cargos o colaboran con las autoridades, aunque existen reglas específicas para delitos considerados de alta relevancia social. El andamiaje jurídico está orientado a limitar el avance de estructuras delictivas mediante sanciones contundentes y acciones integrales de investigación y seguimiento.
