Todos los casos relacionados serán investigados en profundidad. Las últimas declaraciones y posición del director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, Néstor Franco, amenazando suspender el proyecto Canoas del río Bogotá en respuesta a la sanción que le impuso el Ministerio Público, literalmente desató “ira” dentro del organismos de control disciplinario.
El escenario quedó planeado este jueves en una sucesión de declaraciones a raíz de la sanción de primera instancia dictada por la Procuraduría, al concluir parte de unas investigaciones por el caso de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, PTAR II, en Chía, Cundinamarca. (Ver: Destituyen Director de la CAR por PTAR II en Chía, Cundinamarca )
“Las decisiones tomadas hasta el momento para viabilizar el proyecto PTAR Canoas, están en firme y no las puede revocar ningún funcionario de manera unilateral. El deber de cumplimiento de la acción popular para la descontaminación del río Bogotá, es un imperativo”, sentenció el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez este jueves.
El pronunciamiento, realmente sutil frente a la realidad que se vive al interior de la Procuraduria, es el primer paso en la cadena de actuaciones que vendrán considerando las múltiples investigaciones por los cambios, escandalosos ajusten financieros y suerte de muchas plantas de tratamiento de aguas residuales, que comprometen miles de millones de pesos de los contribuyentes colombianos.
Se supo que la misma entidad de control disciplinario, incluso, trata de establecer la relación que puedan tener varias empresas de Ibagué, Tolima, algunas de ellas con representación en Bogotá, con los procesos de adjudicación de contratos para modificar y construir varias PTAR en Cundinamarca.
En pronunciamiento oficial la Procuraduría anunció la realización de dos mesas de trabajo a fin de evaluar los avances y condiciones en los cuales se encuentra la descontaminación del río Bogotá, “que no puede paralizarse por la destitución e inhabilidad de 10 años impuesta al director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR-, Néstor Guillermo Franco González, en primera instancia”.
Insiste en que esta posición corresponde a un informe de la Delegada para la Conciliación Administrativa sobre la vigilancia adelantada a las acciones encabezadas por el Departamento Nacional de Planeación y otras entidades, para construir la PTAR Canoas, en el suroccidente de la Sabana de Bogotá. “Desde 2017 a mayo de 2019 se han realizado 18 Mesas Técnicas de Seguimiento a la PTAR y su estación elevadora”, precisa.
Explica que los anteriores compromisos fueron adquiridos por la CAR y otras entidades a título institucional, y no personal, atendiendo una orden del Consejo de Estado, que en marzo de 2014, falló una acción popular, ordenando adelantar trabajos de descontaminación del río Bogotá y la protección del cauce a futuro.
Un informe de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, entidad que realizó los estudios técnicos preliminares y primarios para construir la PTAR Canoas, señala que el trámite para la contratación de la planta, previsto para 2020, se encuentra en curso.
“El Ministerio Público continuará su vigilancia para que los ciudadanos que hacen los aportes a la CAR, para la financiación de estos proyectos, no vean frustrados sus derechos constitucionales a la salubridad, saneamiento y acceso al agua potable”, puntualizó Carrillo Flórez.
Insiste el Ministerio Público en que los recursos comprometidos para la construcción de la PTAR Canoas provienen no solo de la CAR Cundinamarca, sino de aportes del Gobierno Nacional, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, “entidades que se han comprometido con la ejecución de este proyecto”.
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