El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, ha escalado de manera formal y urgente ante la Superintendencia de Transporte la creciente y justificada preocupación ciudadana por los incrementos "desmedidos" y aparentemente injustificados en los pasajes del transporte intermunicipal que conecta varias provincias del departamento con Bogotá.
La solicitud de intervención regulatoria surge tras recibir numerosos reportes oficiales y quejas de usuarios, alcaldes y concejales municipales que evidencian alzas súbitas y superiores al 30% en rutas clave que conectan la Sabana de Occidente, el centro del departamento y la provincia de Gualivá con la capital del país.
El malestar social ha escalado al punto de generar anuncios públicos de bloqueos viales, protestas masivas y paros cívicos por parte de las comunidades afectadas, quienes ven cómo estos ajustes tarifarios impactan severamente su economía familiar, especialmente en municipios con altos índices de informalidad y vulnerabilidad económica.
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El Dilema de la Competencia y el Requisito de Sustentación Técnica
Si bien la Gobernación de Cundinamarca aclaró, con base en el marco legal vigente, que no tiene competencia directa para fijar ni congelar estas tarifas —dado que para el transporte intermunicipal por carretera rige constitucionalmente un principio de libertad tarifaria regulada—, el mandatario departamental enfatizó que la ley y los decretos reglamentarios obligan de manera taxativa a las empresas transportadoras a sustentar cualquier aumento con estudios técnicos, financieros y de costos debidamente publicados y puestos a disposición del público y de las autoridades de vigilancia.
Rey solicitó de manera específica a la Superintendencia de Transporte que, en uso de sus facultades de inspección, vigilancia y control, verifique de manera inmediata si las empresas han cumplido con este requisito de publicidad y sustentación técnica, y que analice con rigor si el porcentaje de incremento aplicado guarda una proporción razonable y demostrable con los costos operativos reales (combustible, salarios, mantenimiento, seguros), buscando con ello prevenir posibles abusos de posición dominante, acuerdos comerciales colusorios o prácticas anticompetitivas en corredores donde la oferta de transporte es limitada.
Llamado al Diálogo Institucional y a la Responsabilidad Social Empresarial
Desde la administración departamental se hizo un llamado doble y constructivo a los actores involucrados. Por un lado, a las empresas transportadoras y sus gremios, para que actúen con la máxima transparencia, responsabilidad social y sentido ético, comprendiendo que el transporte público es un servicio de interés colectivo y no una mercancía sujeta únicamente a la ley de la oferta y la demanda más agresiva.
Por otro lado, a los usuarios y líderes comunales, para que privilegien y agoten los canales de diálogo institucional, la petición formal y los mecanismos de veeduría ciudadana en lugar de recurrir de primera instancia a las vías de hecho, que afectan el orden público, la libre movilidad y la seguridad de todos.
El objetivo final del gobierno de Cundinamarca es claro: proteger el derecho constitucional a la movilidad de los cundinamarqueses sin afectar desproporcionadamente el orden público ni la economía de los hogares más vulnerables, y garantizar que las reglas del juego se cumplan para todos, en un marco de equilibrio entre la sostenibilidad financiera de las empresas y el bienestar de la ciudadanía.
La Superintendencia de Transporte como Árbitro Necesario
Este caso pone a prueba la capacidad de la Superintendencia de Transporte para mediar en conflictos tarifarios complejos. Su intervención no solo debe verificar el cumplimiento formal, sino también evaluar la razonabilidad de los cálculos presentados por las empresas.
La resolución que emita sentará un precedente importante para todo el país sobre cómo se deben manejar los aumentos en un escenario de libertad tarifaria, buscando un punto justo que evite tanto la asfixia de las empresas como la explotación de los usuarios, en un servicio que es esencial para la vida diaria de millones de colombianos.
