En un encuentro que congregó a representantes del Gobierno nacional, parlamentarios y gobernadores del Caribe, se desplegó un marcado optimismo frente a los retos que presenta el actual esquema de tarifas de energía en la región. Este cónclave, liderado por el presidente Gustavo Petro, se caracterizó por la búsqueda de alternativas que prometan aliviar el impacto económico sobre los ciudadanos y los comerciantes del Caribe colombiano.
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El diálogo fructífero culminó con la determinación de tres ejes de trabajo que se abordarán con urgencia: la revisión y ajuste de la fórmula tarifaria vigente, el impulso hacia una transición energética enfocada en fuentes limpias, y la propuesta de una reforma a la ley de servicios públicos para asegurar un acceso más justo y equitativo a la energía.
Una de las propuestas más destacadas provino del Gobernador Eduardo Verano, quien enfatizó en la necesidad de democratizar el acceso a la energía. Para ello, sugirió la creación de comunidades energéticas que, mediante el uso de parques solares, brinden soporte a los sectores más vulnerables. Adicionalmente, planteó una estrategia para direccionar los subsidios de manera efectiva, basándose en la categorización económica de los hogares, garantizando así la cobertura total del consumo básico de energía.
En este contexto de diálogo abierto y constructivo, el presidente Petro reconoció la profundidad del problema energético y su impacto en la calidad de vida de los habitantes del Caribe. Anunció, además, una próxima reunión en Sincelejo para continuar con estas discusiones, marcando un precedente en la voluntad gubernamental de atender y resolver esta problemática.
El enfoque del debate se extendió también hacia mecanismos de regulación con un firme propósito social, propuestos por los participantes. Estos incluyen la creación de un fondo destinado a la justicia tarifaria, esquemas de alivio tarifario, y medidas contra el robo de energía que afecta gravemente a la región.
Por su parte, el congresista Modesto Aguilera compartió su propuesta de asignar un presupuesto nacional de dos billones anuales durante cuatro años, destinado a mitigar la carga tarifaria sobre los ciudadanos del Caribe. A pesar de ciertas limitaciones presupuestales señaladas por el Ministerio, Aguilera subrayó la importancia de continuar el diálogo con el Ejecutivo para hallar soluciones viables.
Zandra López, liderando la voz de los gremios bajo el Comité Intergremial Unidos por el Atlántico, hizo hincapié en la urgencia de revisar el actual Régimen Especial Tarifario. Este régimen, según López, impone a los comerciantes cargas injustas que representan más del 30% de sus costos operativos, exacerbando la situación con las más altas pérdidas técnicas y no técnicas registradas en el país.
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