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Indagan posibles irregularidades en contratación de PTAR II para Chía

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Bajo la mira de la Procuraduría General se encuentran funcionarios (no los quiso identificar) de la  Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, y, por ahora, otros de la Empresa de Servicios Públicos de Chía, EMSERCHIA. Trata de establecer si se presentaron irregularidades en la celebración del convenio mediante el cual será construida e instalada una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (vereda la Balsa sector Las Juncas), operación que compromete recursos por el orden de los $62.876 millones de pesos.

 

Informe Especial.

Le inquieta a la Procuraduría el hecho de que el 10 de diciembre del 2.015 se hiciera público el interés por  construir la PTAR para lo cual, en ese momento, asignó recursos por el orden de los $35.748 millones de pesos, pero, luego, los elevó a más de $62.876 millones, tras alegar que se presentaban inconsistencias en el primer proceso por lo cual adelantó un nuevo trámite.

En otras palabras el Ministerio Público trata de establecer si existió razón o tiene justificación el incremento de los recursos ($32 mil millones más) para construir la misma planta de tratamiento de aguas residuales. Igualmente fue incrementado en $2.339 millones el valor del contrato de interventoría.

También llama la atención de la Procuraduría  el cambio en el destino del suelo del predio donde fue construida la PTAR”.

Busca verificar, en resumen, si todo lo actuado al respecto “son constitutivos de falta disciplinaria, (también pretende) identificar e individualizar a los presuntos infractores de la ley disciplinaria y establecer si actuaron al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”.

El caso fue advertido por organizaciones sociales y veedores quienes observaron con preocupación lo que venía sucediendo en torno al proyecto de la PTAR, particularmente en los cambios a la propuesta inicial con la aparente intención de justificar desmedidos aumentos en el costo de la obra; todo ello fue presentado ante la Procuraduría General dando inicia a los procedimientos del caso. Algo muy parecido está ocurriendo en Fusagasugá.

Sin embargo la principal preocupación de estos grupos, con lo cual se puso al descubierto la aparente anomalía una vez profundizaron en el análisis de todo lo administrativo actuado, consiste en las irreparables afectaciones que el proyecto provocaría en zonas inundables, humedales, chucuas y otras formaciones vitales para la flora y fauna.

Uno de los principales objetivos de los colectivos ciudadanos era (y es) persuadir a la administración municipal y la misma CAR sobre la imperiosa necesidad de preservar un ambiente sano para los moradores de la zona, particularmente niños y tercera edad; el caso, en primera instancia, fue llevado al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible pero no encontraron respuesta a manos de su flamante titular, Luis Gilberto Murillo Urrutia.

En ese escenario de “oídos sordos” las mismas organizaciones, que unieron causa incluso acompañados por grupos de la Sabana Centro y Sabana Occidente, decidieron acudir ante instancias de primer nivel  incluyendo la Procuraduría General que, en respuesta, acaba de pronunciarse al respecto: dice que comenzó a indagar la realidad de esta inquietud.

Varios medios se han pronunciado sobre el particular; el 7 de julio pasado el portal Última Hora entregó una publicación en la cual, citando diversas fuentes, formula serias acusaciones contra posibles implicados en lo que podría ser un escándalo mayúsculo de corrupción en Chía. (Ver:  http://ultimahoranoticias.co/uh/corrupcion-en-chia-cundinamarca-por-firma-de-contrato-para-la-construccion-de-plantas-de-tratamiento-de-aguas-residuales-ptar/ )

Suministra grabaciones en las cuales el exalcalde Guillermo Varela estaría haciendo referencia a las maniobras no santas en torno al contrato irregular.

Incluso se han presentado algunos enfrentamientos entre los encargados de la construcción de la PTAR y habitantes del lugar que se oponen a la obra según la misma publicación.

El escenario se torna un tanto confuso debido a que mientras el alcalde Leonardo Donoso advierte sobre demanda perentoria de la Procuraduría para que inicie la obra, de otra parte la misma entidad da a conocer que investiga posibles irregularidades en su contratación.

Otro frente relacionado tiene que ver con las gestiones emprendidas por ambientalistas que quieren detener la devastación de las chucuas allí ubicadas, las cuales están siendo rellenadas para convertirlas en zonas urbanas de acuerdo a las denuncias. (Ver: https://www.change.org/p/alcaldia-municipal-de-chia-en-la-chucua-un-humedal-de-la-vereda-de-fagua-en-ch%C3%ADa-se-presenta-un-relleno-ilegal?recruiter=864264606&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_term=share_petition )

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