*Cogua, Cundinamarca: cargos contra exalcaldesa, Flor Murcia. Investigan si existieron irregularidades en la adquisición de un predio para construir un Centro Cultural.
Para la Provincial de Instrucción de la P.G. en Zipaquirá, no son claros los argumentos técnicos mediante los cuales la entonces mandataria (2020-2023) Flor María Murcia, realizó la citada compra.
El trámite contendría vicios que se asemejan a un posible “detrimento patrimonial”, razón por la cual determinó formular pliego de cargos contra la anterior mandataria en esa población de la Sabana Centro.
No es claro si el uso del suelo permitía esa clase de intervenciones urbanísticas, asunto sobre el cual profundizó en su análisis la agencia del Ministerio Público para esa zona de Cundinamarca.
Cargos contra exalcaldesa de Cogua Flor Murcia
Otro aspecto que llama la atención de la Procuraduría tiene que ver con el costo del predio adquirido por el municipio. “… los valores del avalúo al parecer no estarían ajustados al valor real de los mismos y tampoco cumplirían con las condiciones técnicas requeridas”, señalan los agentes de la P.G.
Ante esa circunstancia, para el organismo de control, la exalcaldesa Murcia Murcia habría incurrido en irregularidades al adquirir dos lotes con recursos públicos por un valor superior a los 5 mil millones de pesos. Insiste en que para concretar el procedimiento se utilizó un “avalúo que no cumpliría con los requisitos técnicos estipulados por la normativa vigente”.
Simultáneamente, en concepto de la misma entidad de vigilancia y control de Instrucción de Zipaquirá, el proceso de compra se fundamentó en un avalúo que, presuntamente, no satisfacía las condiciones técnicas necesarias. Quiere decir que podría haberse generado un sobrecosto en la adquisición de los terrenos.
Por su parte, la entonces mandataria municipal justificó la compra presentando sus propios argumentos. Indicó que la construcción del Centro Cultural iba a materializarse sobre terrenos compatibles con el uso vigente en Cogua. Sin embargo, para la Procuraduría ese aspecto no es tan cierto.
Además, la investigación disciplinaria señala que los valores consignados en el avalúo, aparentemente, no corresponden con el valor real de los predios; tampoco cumplen con los parámetros técnicos. Por todo ello y para los investigadores, es que podría deducirse en posible detrimento patrimonial con dineros oficiales del municipio.
Con esas observaciones, la Procuraduría entró a calificar el caso, provisionalmente, como una “falta gravísima cometida a título de culpa grave”. Insiste en que, con lo anterior, se habrían “vulneraron los principios de economía, eficiencia y responsabilidad que deben regir la gestión pública”.
Otras investigaciones de la Procuraduría
Este caso se suma a otras aparentes irregularidades en la adquisición de terrenos con recursos públicos registrado en varios municipios de Cundinamarca en los últimos años. En 2023, por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación contra funcionarios de la Alcaldía de Chocontá por presuntas anomalías en la compra de un lote destinado a un centro deportivo.
Según la investigación preliminar, se habrían pagado más de 3 mil millones de pesos por un predio cuyo valor comercial real no superaba los 1.200 millones, lo cual habría ocasionado un sobrecosto de casi 2 mil millones de pesos.
De manera similar, en el municipio de Funza, en 2022, la Contraloría General de la República advirtió posibles irregularidades en la compra de terrenos para la construcción de un parque industrial. Dice que, en principio y sin que sea concepto concluyente, los avalúos presentados diferían notablemente de los precios establecidos en estudios independientes.
En este caso, se investiga un presunto detrimento por más de 4 mil millones de pesos acá, han vinculado a varios exfuncionarios de la administración municipal.
Por su parte, en Zipaquirá, en el mismo año, la Procuraduría formuló señalamientos contra el exalcalde Luis Alfonso Rodríguez Valbuena, por supuestas irregularidades en la compra de un lote para un proyecto habitacional de interés social. La investigación apunta a que el avalúo realizado sobrestimó el valor real del predio, generando un sobrepago que podría superar los 1.500 millones de pesos.
