En una operación de control ambiental que evidencia el compromiso de la autoridad con la protección del territorio, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) ordenó la suspensión inmediata de una actividad minera ilegal que estaba causando un daño ecológico severo. La intervención se llevó a cabo en la vereda Tilatá del municipio de Chocontá, donde se constató la destrucción de más de 6.400 metros cuadrados de ecosistema nativo.
El caso es particularmente grave por el engaño y la desproporción de la afectación. La intervención en el predio había recibido inicialmente una autorización limitada y específica: únicamente para el aprovechamiento de árboles aislados, una actividad regulada y de menor impacto. Sin embargo, los responsables dieron un giro total a las actividades permitidas.
Aprovechando la cobertura de ese permiso menor, procedieron a iniciar una explotación minera de hecho, a cielo abierto, para la extracción de materiales del subsuelo, actividad para la cual no contaban con licencia, estudio de impacto ambiental ni ningún otro instrumento de control legal.
Degradación Física y Alteración del Paisaje
El equipo técnico de la Dirección Regional Almeidas y Guatavita de la CAR, al llegar al sitio, se encontró con un panorama desolador. La maquinaria pesada, presumiblemente retroexcavadoras y volquetas, había sido utilizada para realizar un descapote total del área.
Esto implica la remoción completa y violenta de la capa superficial del suelo, conocida como horizonte orgánico, y de toda la cobertura vegetal nativa que existía en el lugar. Esta capa es la más fértil y biológicamente activa; su pérdida es, en muchos casos, irreversible a escala humana.
Camilo Poveda, director regional de la CAR para esta zona, explicó con preocupación que estas acciones generaron una degradación física profunda del terreno. El suelo, desprovisto de su estructura y vegetación, pierde por completo su capacidad productiva futura para actividades agropecuarias o su función ecológica original.
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Pero el daño no se limitó a la superficie. La fuerza de la maquinaria y la profundidad de la excavación alteraron de manera dramática la geomorfología del predio. Los drenajes naturales del agua, esos pequeños canales por donde fluye la escorrentía superficial, fueron borrados o desviados.
Peor aún, la operación ilegal afectó directamente afloramientos de aguas superficiales, manantiales o pequeñas quebradas que surgían en el terreno. La alteración de estos cursos de agua tiene un impacto en cadena, afectando a otros predios aguas abajo y a la fauna que dependía de esas fuentes.
Presunta Infracción Grave y Llamado a la Legalidad
Poveda fue contundente al señalar que estas transformaciones radicales y no autorizadas configuran una presunta infracción ambiental de carácter grave. El predio, reiteró, no contaba ni cuenta con un título minero legal, ni con un plan de manejo ambiental, ni con una licencia otorgada por la autoridad competente.
Durante el operativo de verificación, los inspectores buscaron evidencias de una gestión adecuada de los materiales extraídos, pero no las encontraron. No había rastro de que los escombros, tierra y piedras removidas fueran dispuestos correctamente a través de gestores autorizados de Residuos de Construcción y Demolición (RCD).
Esto sugiere que los materiales fueron simplemente abandonados en el mismo sitio o arrojados en lugares no permitidos, generando otro foco de contaminación y riesgo. La CAR reiteró, una vez más, un llamado urgente a los propietarios y arrendatarios de predios en su jurisdicción.
Subrayó la absoluta necesidad de tramitar y obtener todos los permisos ambientales requeridos por la ley, ante la Corporación, antes de iniciar cualquier tipo de intervención que afecte los recursos naturales suelo, agua, flora o paisaje.
Asimismo, la entidad destacó que la denuncia oportuna por parte de los ciudadanos vecinos sigue siendo la herramienta más eficaz y rápida para frenar el avance sigiloso de la minería ilegal. Esta actividad criminal no solo arrasa con el paisaje y la biodiversidad, sino que erosiona el tejido social y económico de las comunidades rurales, dejando a su paso pasivos ambientales de larga duración.
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