En un operativo conjunto con el Ejército, la Fuerza Aeroespacial y la Policía de Carabineros, la CAR halló tres pilas en plena combustión y 98 bultos de carbón listos para la comercialización. Los presuntos infractores ya habían sido notificados en octubre de 2025.
Una nueva operación de control en el municipio de Ráquira, Boyacá, permitió a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) evidenciar que los presuntos responsables de una carbonería ilegal hicieron caso omiso a las medidas preventivas impuestas meses atrás y continuaron con la quema a cielo abierto para la producción de carbón vegetal.
Técnicos de la Unidad Integrada de Gobernabilidad Ambiental (UIGA), con apoyo de profesionales de la dirección regional Chiquinquirá, recorrieron la vereda Farfán y encontraron tres pilas en plena combustión, dos depósitos de retal de madera y trozas de especies como acacia y eucalipto de procedencia desconocida, así como 98 bultos de carbón empacados y listos para su distribución y comercialización.
El hallazgo cobra especial gravedad porque no se trata de una primera infracción. En octubre de 2025, la CAR ya había hecho presencia en el mismo punto e impuesto una medida preventiva a los responsables, exigiendo el cumplimiento de un conjunto de obligaciones ambientales que, a todas luces, no fueron atendidas.
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“Recordemos que en los operativos de alto impacto es indispensable documentar las afectaciones con elementos nuevos de modo, tiempo y lugar. En este caso, por tratarse de un punto que ya cuenta con una medida preventiva, la CAR tendrá en cuenta como agravantes los hallazgos de esta nueva diligencia”, explicó el subdirector de Autoridad Ambiental, Bryan Martínez.
Quemas a cielo abierto: una actividad ilegal con graves impactos ambientales y sanitarios
La producción de carbón vegetal mediante quemas a cielo abierto está catalogada como una actividad ilegal por sus efectos nocivos sobre los recursos aire y suelo. Este método tradicional, aún utilizado en algunas regiones del país, genera emisiones contaminantes que afectan la calidad del aire, contribuyen al calentamiento global y representan un riesgo directo para la salud de las comunidades cercanas.
El humo producto de estas quemas contiene material particulado, monóxido de carbono y compuestos orgánicos volátiles, sustancias asociadas a enfermedades respiratorias crónicas, irritación ocular y agravamiento de condiciones preexistentes como asma o EPOC.
A ello se suma el daño ecosistémico: la tala de especies como acacia y eucalipto, cuya procedencia no pudo ser acreditada, sugiere un aprovechamiento forestal no autorizado que desconoce los ciclos de regeneración natural y afecta la conectividad ecológica de la región.
El operativo en Ráquira contó con el apoyo del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial y la Policía de Carabineros, lo que evidencia el nivel de prioridad que la autoridad ambiental otorga a este tipo de infracciones y la necesidad de desplegar capacidades interinstitucionales para enfrentar actividades ilícitas en zonas rurales de difícil acceso.
Reincidencia y agravantes: la CAR anuncia mano firme en 2026
El subdirector Bryan Martínez fue enfático al señalar que este año la Corporación está comprometida a reforzar su presencia en todo el territorio, incluyendo los seis municipios del departamento de Boyacá bajo su jurisdicción.
“En 2026 se intensificarán nuestras acciones de vigilancia y protección de los recursos naturales, como lo hemos venido haciendo en estos 65 años cumpliéndole al territorio”, puntualizó Martínez.
La reincidencia en el incumplimiento de medidas preventivas constituye un agravante que será tenido en cuenta en el proceso sancionatorio. La CAR ya cuenta con los elementos probatorios recopilados en octubre de 2025 y los sumará a las evidencias obtenidas en esta nueva diligencia, lo que podría traducirse en multas significativamente más altas, decomiso definitivo de los productos y materias primas, e incluso la clausura permanente del establecimiento.
El marco normativo colombiano, a través de la Ley 1333 de 2009, establece que las sanciones por infracciones ambientales pueden incluir multas diarias hasta por 5.000 salarios mínimos legales vigentes, decomiso de especímenes, productos o implementos, y revocatoria de licencias o autorizaciones.
Un llamado a la legalidad y la producción sostenible
El caso de Ráquira evidencia una tensión persistente entre las prácticas tradicionales de producción y los límites impuestos por la legislación ambiental. Si bien la fabricación de carbón vegetal ha sido durante décadas una fuente de ingreso para familias campesinas, los métodos artesanales basados en quemas abiertas resultan insostenibles en el contexto actual de crisis climática y deterioro de los ecosistemas.
La CAR ha reiterado su disposición a acompañar procesos de reconversión tecnológica para aquellos productores que decidan transitar hacia técnicas limpias y certificadas, como los hornos metálicos eficientes o los sistemas de retorta que capturan gases y generan energía. Sin embargo, el incumplimiento reiterado y la operación clandestina cierran la puerta a cualquier posibilidad de diálogo o acompañamiento técnico.
Mientras tanto, en la vereda Farfán, las pilas de carbón fueron apagadas, los bultos incautados y los responsables quedaron notificados de un nuevo proceso sancionatorio. La CAR promete seguimiento riguroso y advierte que quien persista en la ilegalidad se expone a sanciones ejemplarizantes.
La pregunta que queda flotando sobre las colinas de Ráquira es si estas acciones de control serán suficientes para disuadir a quienes han hecho de la carbonería ilegal su modus vivendi, o si, por el contrario, la reincidencia seguirá siendo la regla en un territorio donde la autoridad ambiental llega, impone medidas, pero no siempre logra permanecer.
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