Una investigación realizada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) ha identificado actividades mineras ilícitas en el municipio de Lenguazaque, donde se han constatado varios daños ambientales y estructurales. Los hallazgos surgen a consecuencia de inspecciones realizadas en la vereda Tibitá Centro.
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Durante las visitas técnicas, los funcionarios de la entidad documentaron el deterioro en las fuentes hídricas, la degradación del suelo y la afectación de la vegetación. Asimismo, se evidenció la acumulación descontrolada de residuos mineros, el vertimiento de aguas contaminadas y el manejo inadecuado de sustancias peligrosas, como aceites y combustibles. Entre los aspectos evaluados, se destacan los siguientes impactos:
• Contaminación de fuentes hídricas.
• Destrucción parcial de la vegetación del área.
• Acumulación irregular de residuos mineros.
Uno de los hallazgos se centró en una vivienda situada en la parte superior de una de las minas. Las inspecciones técnicas revelaron fracturas en la estructura del inmueble debido a hundimientos provocados por las excavaciones subterráneas. Ante esta situación, la CAR ha determinado el riesgo inminente de colapso de la vivienda, por lo que se ha dispuesto su evacuación inmediata.
La entidad continúa el seguimiento de las operaciones mineras que se realizan sin contar con el título minero adecuado ni los permisos ambientales correspondientes. Se destaca que dichas actividades se registran en zonas donde no se cumple con la normatividad vigente. Entre las irregularidades identificadas se encuentran también:
• Operaciones mineras sin licencia.
• Manejo negligente de sustancias peligrosas.
• Vertido de aguas residuales industriales en cuerpos de agua locales.
La corporación recuerda a los operadores mineros la importancia de trabajar dentro del marco legal vigente, conforme a lo establecido en la Ley 1333 de 2009. En este sentido, las medidas adoptadas buscan asegurar el cumplimiento de las normativas ambientales y prevenir nuevos riesgos que puedan afectar tanto a las comunidades locales como a los ecosistemas.
Además de las acciones dirigidas a mitigar los efectos inmediatos de la actividad minera ilegal, se ha dispuesto una revisión exhaustiva de las operaciones en la región. Las autoridades mantienen el compromiso de continuar evaluando el impacto ambiental general y de informar oportunamente a la comunidad sobre las medidas de control implementadas.
La información recopilada hasta el momento resalta la necesidad de un manejo más estricto y responsable de las actividades extractivas. Los procesos sancionatorios se presentan como una herramienta para garantizar la seguridad ciudadana y la protección del medioambiente.
Cada uno de los casos revisados se continúa documentando y analizando de manera detallada, de modo que las medidas correctivas se adecuen a la magnitud de cada situación. La CAR sigue monitoreando las condiciones en terreno, con el objetivo de mantener la integridad de los ecosistemas y la estabilidad de las infraestructuras afectadas.
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