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Bogotá prohibirá consumo de drogas en espacio público

por: Julian Glevez

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En una Bogotá que se caracteriza por su dinamismo y diversidad en el uso de los espacios urbanos, se ha evidenciado una situación que ha captado la atención tanto de autoridades como de ciudadanos. En un parque ubicado en un barrio de la ciudad, se observa cada noche a un grupo de jóvenes que, de forma casi ritual, se reúnen a realizar diversas acciones con sus manos, entre las que se identifican movimientos tales como triturar, enrollar, pegar y prender. El análisis de este comportamiento se enmarca en una realidad en la que el consumo recreativo de cannabis ha trascendido el ámbito privado y se ha trasladado a espacios públicos, generando ambientes permeados por un denso humo blanco cuyos orígenes y efectos han suscitado distintas respuestas. La manifestación de este hecho, desde una perspectiva alternativa, permite entender cómo la interacción entre hábitos arraigados y la configuración del espacio urbano puede convertirse en un escenario estratégico para el debate público y la formulación de nuevas propuestas normativas.

En las calles y esquinas de la capital se ha identificado que, en varios puntos, la actividad relacionada con el consumo de sustancias psicoactivas se presenta de forma abierta y cotidiana. No es raro encontrar a personas que, al transitar la ciudad, se topan con escenas en las cuales se observa a individuos portando pipas, cigarrillos o dispositivos que contienen estupefacientes. Estos hechos, que ocurren en áreas adyacentes a edificios empresariales, colegios, viviendas e inclusive en el transporte público, han provocado molestias a vecinos y transeúntes, en parte debido al olor que emana del uso de dichas sustancias. La forma en que estas manifestaciones se desarrollan ha llevado a que se considere la existencia de una estrategia de ocultamiento en la penumbra, aun cuando el aroma característico actúa como un identificador constante, evidenciando la dificultad de disociar el espacio de ocio público del riesgo de la exposición indirecta al consumo.

Prohíben drogas en espacio público
Prohíben drogas en espacio público

Ante esta realidad, se ha impulsado en el Concejo de Bogotá un proyecto de acuerdo que busca condicionar ciertos espacios, denominados “Zonas Libres de Drogas”, a fin de prohibir de forma integrada el consumo, distribución y comercialización de cannabis y otras sustancias psicoactivas. Entre los elementos que se destacan en esta iniciativa, se encuentran aquellos que engloban variadas sustancias, incluidas drogas de diversa índole y origen, tales como la cocaína, heroína y drogas sintéticas, así como otras que aparecen en las listas I y II de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes y su Protocolo de Modificación. Con esta propuesta, los concejales que la respaldan pretenden configurar entornos urbanos que se consideren “seguros” y “libres de drogas”, en un intento por generar espacios en los que la convivencia no se vea afectada por el consumo abierto de estupefacientes.

La aplicación de esta iniciativa se enmarca en un contexto en el que diversos datos oficiales han despertado preocupación en la ciudadanía. Entre la información divulgada por la Policía de Bogotá, se destacan los siguientes puntos relevantes:

• Se han incautado 4.8 toneladas de marihuana, cifra que representa un incremento del 112 por ciento en comparación con el año anterior.

• Se han detenido y rescatado 8.331 unidades de drogas sintéticas durante el mismo periodo.

• Las investigaciones policiales han resultado en la realización de 558 allanamientos y la identificación de 384 expendios de estupefacientes, localizados especialmente en zonas como Ciudad Bolívar, Kennedy y Santa Fe.

• Durante el primer semestre del año, se registraron 2.890 capturas vinculadas al delito de tráfico de estupefacientes.

De manera complementaria, las estadísticas oficiales arrojan datos interesantes sobre el perfil de los consumidores y el consumo de sustancias específicas en la ciudad. Según la información compilada, se resalta que:

• El 76 por ciento de los consumidores son hombres, mientras que el 24 por ciento son mujeres.

• La sustancia más consumida en Bogotá es la marihuana, abarcando un 70 por ciento de los casos, seguida por el bazuco (15 por ciento), la cocaína (10 por ciento) y, en menor proporción, el tusi (5 por ciento).

• Las localidades donde se ha evidenciado mayor actividad de tráfico y consumo de estupefacientes incluyen Kennedy, Ciudad Bolívar, Engativá y Santa Fe, siendo estas áreas foco de las operaciones de incautación y control por parte de las autoridades. Estos datos se integran en una panorámica que, desde una óptica alternativa, ilustra tanto el crecimiento del fenómeno como la diversidad en la manifestación del consumo en diferentes espacios urbanos.

El debate en torno a este proyecto de acuerdo y la situación del consumo en espacios públicos ha desatado un choque de posturas entre diversos actores políticos y sociales. En el seno del Concejo de Bogotá, se han manifestado opiniones encontradas que se pueden resumir en los siguientes puntos:

• Algunos concejales defienden la implementación de políticas que permitan la creación de espacios libres de drogas, argumentando que la protección de los menores y la preservación de espacios comunes deben primar en el diseño de políticas urbanas.

• Otros representantes cuestionan que la medida responda a una lógica represiva y argumentan que la implementación de prohibiciones podría representar un retroceso en la estrategia de lucha contra las drogas, señalando que existen alternativas basadas en la regulación y el control que responden a marcos legales y constitucionales.

• Se menciona la preocupación de padres, educadores y miembros de la comunidad, quienes señalan que la presencia de consumo de estupefacientes en espacios públicos podría influir en la percepción de normalidad en el uso de estas sustancias, sobre todo en zonas cercanas a colegios y áreas destinadas al esparcimiento familiar.

Durante las sesiones en la comisión del Concejo, han surgido testimonios que reflejan la complejidad del asunto en consideración. Entre ellos, se destaca la intervención de representantes como Diana Diago, del Centro Democrático, quien ha enfatizado la necesidad de proteger a los niños y adolescentes de la exposición al consumo en espacios de uso común. Según sus declaraciones, la coexistencia de consumidores y menores en lugares como los parques urbanos constituye un punto crítico que debe ser atendido mediante un control más estricto en dichos espacios. En paralelo, se hace énfasis en que la problemática del consumo en la vía pública no se limita a una simple inconveniencia, sino que recae en un entramado de cuestiones relacionadas con la seguridad, orden público y la convivencia en una ciudad en constante evolución. Esta diversidad de opiniones evidencia la búsqueda de soluciones que se fundamenten en la protección de los derechos ciudadanos y, a la vez, en el respeto a los marcos legales vigentes.

En el debate legislativo también ha emergido la discusión sobre el cumplimiento de promesas de campaña y la capacidad de las autoridades ejecutivas para abordar directamente la problemática del consumo de sustancias en espacios públicos. Durante la campaña, el entonces alcalde mayor Carlos Fernando Galán se comprometió a trabajar en políticas que permitieran un mayor control sobre el consumo de estupefacientes, especialmente en las áreas de mayor concurrencia. Sin embargo, transcurrido un periodo significativo de tiempo, no se han materializado medidas concretas en relación con el control del consumo en la vía pública, lo que ha generado inquietudes en sectores que exigen mayor diligencia en el abordaje de esta problemática. En este sentido, el proyecto de acuerdo que se debate en el Concejo se presenta como una respuesta a una exigencia ciudadana que se fundamenta en la protección y regulación de los espacios comunes, buscando que los intereses de la comunidad se vean reflejados en el diseño de normativas específicas.