La Dirección de Rentas y Gestión Tributaria, perteneciente a la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, emitió el pasado 6 de junio la Resolución 797 que busca revocar el permiso otorgado a la Industria Licorera de Caldas (ILC) para distribuir el Aguardiente Sin Azúcar Amarillo de Manizales en el centro del país. Esta revocación, a pesar de que inicialmente el permiso tenía vigencia hasta el 2027, podría desencadenar una disputa legal en los altos tribunales.
Ante esta situación, la ILC ha manifestado su intención de emprender acciones legales correspondientes, ya que la revocación del permiso implica la prohibición de la distribución y venta del Aguardiente Sin Azúcar Amarillo de Manizales 24° en el territorio de Cundinamarca. Esto, a su vez, privaría a los clientes y consumidores de la posibilidad de adquirir este reconocido producto.
Cabe destacar que en julio de 2019, el Departamento de Cundinamarca emitió el Decreto 222, estableciendo una protección especial al aguardiente fabricado y comercializado por la Empresa de Licores de Cundinamarca. Este decreto otorga a los gobernadores la facultad de adoptar medidas para salvaguardar la producción y distribución del aguardiente local, así como restringir la entrada de bebidas alcohólicas provenientes de otras regiones.
La Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Cundinamarca argumenta que la suspensión de la circulación del Aguardiente Amarillo en el departamento se debe al incumplimiento de una serie de requisitos formales por parte de la Industria Licorera de Caldas para distribuir este tipo de bebidas en la región. Sin embargo, la ILC sostiene que esta decisión fue tomada de forma "arbitraria" y que se omitió el debido proceso legal, ya que supuestamente no se les notificó la cancelación del permiso.
Además de las implicaciones legales, la suspensión de la venta del Aguardiente Amarillo de Manizales en Cundinamarca tendría un impacto económico significativo en el departamento. Entre 2019 y 2022, la comercialización de este producto generó aproximadamente 35 mil millones de pesos en impuestos y derechos de explotación para la región. Para este año, se estima que la contribución ascendería a 71.885 millones de pesos, según proyecciones de la Industria Licorera de Caldas.
La disputa legal en torno al Aguardiente Amarillo de Manizales en Cundinamarca plantea interrogantes sobre la protección de la producción y distribución de bebidas alcohólicas locales, así como los requisitos formales y procesos legales que deben seguirse en estos casos. A medida que avance el proceso, se espera una resolución que garantice tanto el cumplimiento normativo como los intereses económicos de ambas partes involucradas.
