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Solicitan renuncias protocolarias a alcaldes locales de Bogotá en medio de revisiones administrativas y controversias en Corabastos

por: Sala de Redacción

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En el contexto de nuevas estrategias de control y vigencia administrativa, la Administración Distrital de Bogotá ordenó, por iniciativa del alcalde mayor Carlos Fernando Galán, la solicitud de renuncias protocolarias a los titulares de las 20 alcaldías locales de la ciudad. Esta decisión, confirmada por Gustavo Quintero, secretario de Gobierno, se enmarca en el principio de “evaluación permanente” que busca fortalecer los procesos de seguimiento sobre la gestión de las autoridades en cada una de las localidades.

La administración capitalina adoptó esta determinación en medio de una coyuntura marcada por la próxima publicación de un informe de la Contraloría de Bogotá, entidad que revelará análisis sobre eventuales irregularidades en la contratación pública realizada por las diferentes alcaldías locales. La medida hace parte de los lineamientos trazados por la Alcaldía Mayor para promover mayor transparencia y eficiencia en la gestión de los funcionarios distritales.

A través de un comunicado por redes sociales, Quintero indicó que el proceso de evaluación será más riguroso y constante en adelante. El funcionario resaltó la importancia de gobernar con transparencia, eficiencia y resultados tangibles, reiterando que el seguimiento sobre la administración local se elevará a un nuevo estándar bajo el actual gobierno. Durante esta etapa de evaluación, las renuncias de los mandatarios locales no serán necesariamente aceptadas de inmediato; corresponderá al Alcalde Mayor estudiar caso por caso y decidir la continuidad de los titulares de cada dependencia.

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Este procedimiento marca una transformación en la relación tradicional entre la Alcaldía Mayor y las alcaldías menores, en un ambiente donde la necesidad de mayor exigencia y control ha cobrado relevancia. Se prevé que, luego de la revisión individual de los resultados de gestión, sean anunciados en los próximos días eventuales cambios en los equipos al frente de las localidades, en línea con el plan de ajuste institucional impulsado por la administración Galán.

El escenario de revisión acontece cuando el Concejo de Bogotá ha destacado diversas dificultades en la gestión de varias localidades, mencionando la existencia de dos vacantes que, hasta el momento, no han sido resueltas plenamente. Además, recientes cuestionamientos se han concentrado particularmente en la Alcaldía Local de Chapinero, donde algunos miembros de la corporación edilicia y concejales del Centro Democrático denunciaron inconsistencias en procesos contractuales.

Entre los puntos destacados por las denuncias públicas se encuentran:

- La adquisición de cinco motocicletas para la Policía de Bogotá, con un presunto sobrecosto cercano a los 50 millones de pesos.

- La compra de paquetes de billetes didácticos, cuyo valor unitario aproximado habría alcanzado los 450.000 pesos.

Mientras avanza este proceso de revisión administrativa, la gestión pública distrital se ve atravesada por la polémica relacionada con la designación de la gerencia de Corabastos, la central de abastos más importante del país. Tras la salida de Javier Salcedo de la gerencia, se han considerado varios nombres para su reemplazo, entre estos David Martínez, quien habría recibido respaldo del Gobierno nacional pero enfrenta cuestionamientos al no cumplir con la entrega de documentos requeridos por la Alcaldía de Bogotá. Esto motivó a la administración distrital a abstenerse de apoyar dicha candidatura.

En paralelo, Bogotá cedió la presidencia de la Junta Directiva de Corabastos luego de que la representante de la ciudad fuera separada del cargo, situación que provocó inquietud en el gabinete distrital. El alcalde Galán explicó que esta medida fue resultado de la negativa del Distrito a respaldar un contrato laboral sobre el cual se habían detectado dudas jurídicas.

Por su parte, Galán aseguró que, dada la magnitud de la situación, se prevé que las autoridades adelanten las investigaciones correspondientes, mientras la prioridad administrativa sigue centrada en asegurar la transparencia en la administración de entidades clave para la capital. La opinión del Ministerio de Agricultura, que también integra la Junta Directiva de Corabastos, aún no ha sido comunicada a la opinión pública.

El desarrollo de estas acciones forma parte de un proceso de cambio institucional orientado a garantizar la rendición de cuentas y fortalecer la confianza ciudadana en la administración local. En este contexto, tanto la revisión de las alcaldías menores como la situación en Corabastos continúan siendo objeto de atención por parte de los organismos de control y de la sociedad bogotana.

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