El reciente debate en el Congreso ha abierto paso a cambios sustanciales en la legislación laboral que se discuten en distintos frentes y que, de ser aprobados en la fase de conciliación con la Cámara de Representantes, impactarán de forma directa en la organización de la jornada laboral, la remuneración en días especiales y los contratos de aprendizaje. La sesión ha generado gran expectativa en el ámbito empresarial y entre los trabajadores, dada la diversidad de los ajustes planteados. En este contexto, la reforma se presenta como una reestructuración que busca adaptar y modernizar las condiciones de trabajo, sin emitir juicios sobre sus implicaciones, únicamente informando los hechos de manera objetiva.
Dentro de las modificaciones resaltadas, se destaca el cambio en el horario de la jornada nocturna. Según lo expuesto en el debate, la jornada nocturna pasará a iniciar a las 7 de la noche, en contraposición a la hora establecida de forma actual a las 9 p.m. Con este cambio, se establece que cualquier trabajo realizado después de ese horario deberá recibir un recargo adicional del 35 por ciento en su remuneración. Este ajuste implica que, sin excepción en cuanto a empresa por tamaño, todos los trabajadores se verán sujetos a esta condición, eliminándose así propuestas de excepción para las pequeñas y medianas empresas.
Además, se ha definido que los recargos por actividades nocturnas no entrarán en vigencia de forma inmediata, sino que se aplicarán seis meses después de la sanción oficial de la ley. De igual manera, se plantea un cambio gradual en la compensación extra que reciben los trabajadores en dominicales y días festivos, elevando el recargo actual del 75 por ciento al 100 por ciento. Este cambio se implementará en diferentes etapas, buscando una adaptación progresiva que permita a los sectores laborales prepararse y adecuarse a las nuevas condiciones establecidas por el cuerpo legislativo.
El calendario de incrementos en el pago de los días dominicales y festivos se estructura de la siguiente forma para facilitar la transición en el cumplimiento de la nueva normativa:
• A partir de julio de 2025, el recargo se elevará al 80 por ciento.
• En julio de 2026, se ajustará al 90 por ciento.
• Finalmente, en julio de 2027 alcanzará el 100 por ciento.
Con estos plazos definidos, tanto las empresas como los trabajadores podrán planificar sus actividades económicas a mediano plazo, atendiendo a un proceso que se presenta de forma escalonada y organizada.
En materia de contratos de aprendizaje, las discusiones en el Senado y la Cámara han llevado a la consolidación de un modelo que reconoce estos vínculos como contratos laborales especiales a término fijo. Bajo esta modalidad, se establecen normas claras que rigen tanto la fase lectiva como la etapa práctica del aprendizaje. Los cambios propuestos indican que durante la fase lectiva la remuneración se incrementará del 50 al 75 por ciento del salario mínimo, mientras que en el período práctico se ajustará del 75 al 100 por ciento, dejando también registrada la obligación de afiliar a los aprendices a los sistemas de seguridad social correspondientes.
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En concreto, se detallan múltiples aspectos relativos al contrato de aprendizaje que merecen una atención especial:
• Durante la fase lectiva, el aprendiz estará cubierto por el sistema de seguridad social en salud y riesgos laborales.
• En la etapa práctica, se garantiza la afiliación a riesgos laborales y al sistema de seguridad social integral en pensiones y salud, además del derecho al pago de prestaciones y auxilios vinculados al contrato laboral.
• Para promover la vinculación continua, las empresas deberán cancelar 1,5 salarios mínimos por cada aprendiz que decida concluir la vinculación con la organización.
Estos puntos subrayan el acercamiento normativo para fortalecer la protección de los derechos de los aprendices, sin emitir valoraciones sobre su impacto social o económico.
Otro aspecto señalado en el debate hace referencia a la transición hacia la generalización del contrato laboral a término indefinido, considerando esta figura como la norma. Sin embargo, se ha determinado que los contratos a término fijo podrán celebrarse únicamente por un periodo máximo de cuatro años, buscando alinear la práctica contractual con las nuevas directrices establecidas. Esta medida viene a complementar el conjunto de reformas que pretenden modernizar el entramado normativo laboral, sin emitir juicios de valor sobre la repercusión de dicho ajuste en el mercado de trabajo.
Asimismo, se han eliminado ciertos componentes que previamente se discutieron en las cámaras legislativas. En particular, se decidió suprimir el artículo que permitía la realización de cotizaciones a la seguridad social de manera horaria, así como aquel que facultaba la distribución de la jornada máxima semanal, permitiendo que se extendiera de forma concertada entre el empleador y el trabajador en un lapso de 4 a 6 días, garantizando el día de descanso sin afectar el salario. Estas decisiones han sido aprobadas en conjunto y reflejan un realineamiento de las condiciones de cotización y distribución de horarios, simplificando el marco normativo.
Entre otras medidas contempladas, se establece que a los trabajadores se les podrá conceder una licencia remunerada para asistir a citas médicas, tanto en situaciones de urgencia como programadas. La normativa señala que para acceder a dicho beneficio será necesario comunicarlo al empleador y presentar un certificado médico previo, incluyendo aquellos casos relacionados con diagnósticos y tratamientos enmarcados por las directrices del Ministerio de Salud en relación con la endometriosis. Con este requerimiento, se busca garantizar la continuidad de las actividades laborales sin alterar el derecho a la salud.
Adicionalmente, la reforma contempla particularidades en los regímenes de trabajadores asociados a las plataformas digitales y a los entornos de teletrabajo. Para los trabajadores dependientes y subordinados vinculados a estas plataformas, la empresa se responsabilizará del pago completo del sistema integral de seguridad.
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