El Ministerio de Minas y Energía de Colombia emitió una declaración el 27 de enero de 2026 en relación con el aumento de más del 900% en la tarifa para el transporte de crudo a través del Oleoducto Transecuatoriano, una decisión unilateral tomada por el gobierno de Ecuador. La nueva tarifa, que sube de 2,5 dólares a más de 30 dólares por barril para usuarios extranjeros, introduce un nuevo escenario en el intercambio energético regional.
El titular de la cartera, Edwin Palma, se refirió al ajuste tarifario como una imposición que altera el equilibrio previamente pactado en el acuerdo firmado entre los dos países el 13 de febrero de 2011. De acuerdo con información oficial, la medida afecta particularmente a productores de menor escala ubicados en la región del Putumayo.
Desde el gobierno colombiano se indicó que el incremento no se sustenta en parámetros técnicos o económicos verificables. Así mismo, se destacó que, en el contexto actual de bajos precios internacionales del crudo, la modificación podría traducirse en dificultades financieras y la interrupción de operaciones para varias empresas.
Entre los puntos destacados por las autoridades se encuentra la ausencia de reacción por parte del Consejo Gremial ante el anuncio ecuatoriano, lo que pone en evidencia el grado de incertidumbre que enfrentan los actores del sector. En consecuencia, la situación demanda una revisión exhaustiva de los acuerdos que regulan el transporte y la exportación de hidrocarburos entre ambas naciones.
Detalles relevantes sobre el contexto y afectaciones de la decisión:
- La tarifa se incrementa en más de 900%, pasando de 2.5 a más de 30 dólares por barril.
- Se señala impacto en pequeños y medianos productores del sur del país, especialmente Putumayo.
- El ajuste tarifario ocurre en una coyuntura de descenso en el precio internacional del petróleo.
El Ministerio de Minas y Energía manifestó que la acción desconoce el Acuerdo Binacional vigente para el transporte de hidrocarburos, mecanismo fundamental para la cooperación entre Colombia y Ecuador. Las autoridades resaltaron que el marco de diálogo sigue abierto y expresaron la disposición a entablar conversaciones orientadas a restaurar las condiciones previamente acordadas.
El desarrollo de estos hechos remite a una etapa de seguimiento y observación por parte de los involucrados, sin que se descarten nuevas gestiones diplomáticas y técnicas en busca de alternativas de solución. Por el momento, la administración colombiana mantiene su postura de avanza hacia la cooperación y el cumplimiento de acuerdos multilaterales.
El seguimiento a este tema continúa vigente en la agenda energética del país, dado el nivel de repercusión que el ajuste tarifario puede tener sobre las actividades económicas y productivas de la región sur colombiana.
