A partir de este jueves, todas las estaciones de servicio en Colombia deben ajustar el valor del galón de gasolina motor, aplicando la disminución de $500 ordenada por el Gobierno nacional. Esta disposición, formalizada en una circular enviada a distribuidores minoristas, busca que la reducción sea evidente y uniforme en todo el territorio.
El mandato dispone que cada estación actualice la información de precios en todos los puntos de contacto con el consumidor. Entre las obligaciones figura actualizar tableros de precios, ajustar los surtidores, modificar los sistemas de facturación electrónica, y renovar material publicitario y plataformas digitales con la nueva tarifa.
La medida enfatiza que está prohibido mantener valores anteriores, cobrar precios intermedios, diferir los descuentos o crear mecanismos que oculten o fragmenten el beneficio otorgado. Esta exigencia responde al interés gubernamental de que la rebaja sea accesible y clara para todos los usuarios, evitando interpretaciones ambiguas.
En el proceso de verificación y cumplimiento, la Superintendencia de Industria y Comercio será la entidad encargada de supervisar la correcta ejecución. El organismo anunció el inicio de investigaciones administrativas ante posibles irregularidades por parte de las estaciones y distribuidoras.
En caso de encontrar faltas que perjudiquen los derechos de los consumidores, la entidad podrá remitir los casos a autoridades penales o disciplinarias si las acciones configuran delito o infracción grave.
La reincidencia en el incumplimiento será interpretada como una circunstancia agravante y podría derivar en la revocatoria definitiva de los permisos para operar en la distribución y comercialización del combustible.
Datos relevantes sobre la directriz adoptada:
- La reducción aplica para todo el país sin excepciones.
- Es obligatoria la actualización inmediata de todos los mecanismos de información (tableros, surtidores, facturas, y publicidad).
- No se permiten cobros intermedios ni fraccionamientos del descuento.
- La Superintendencia de Industria y Comercio tendrá a cargo la vigilancia y sanción ante posibles infracciones.
Estas instrucciones forman parte del esquema regulatorio anunciado por el Gobierno respecto a la política de precios de combustibles, con el objetivo de fortalecer la transparencia y proteger los derechos de los usuarios en el mercado nacional.
