El Ministerio de Hacienda de Colombia formalizó, mediante el decreto 1484 del 31 de diciembre, un recorte significativo al Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2025. El ajuste total asciende a 16,2 billones de pesos, una medida adoptada con el objetivo primordial de cumplir con las metas de déficit establecidas por la Regla Fiscal. Esta decisión responde a la necesidad imperante de garantizar la sostenibilidad de las finzas públicas ante un panorama de ingresos menor al esperado originalmente.
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Colombia: Recaudos tributarios a la baja obligan a una revisión técnica
La razón técnica detrás de este recorte se encuentra en la revisión de los recaudos tributarios realizados hasta el mes de noviembre. Los datos evidenciaron que los ingresos percibidos por el Estado serían insuficientes para cubrir la totalidad de las obligaciones y apropiaciones presupuestales contraídas para el año 2025. Ante este escenario, el Consejo de Ministros, en su sesión del 27 de diciembre, autorizó inicialmente reducciones que podían alcanzar hasta los 20 billones de pesos, aunque finalmente el Gobierno optó por la cifra de 16,2 billones.
El impacto directo de la Ley de Financiamiento negada por el Congreso
Un componente crítico de este recorte es la falta de los recursos que se esperaban obtener a través de la Ley de Financiamiento, la cual fue negada por el Congreso de la República. De los 16,2 billones recortados, aproximadamente 4,2 billones de pesos corresponden directamente a los fondos que dicha ley debía proveer y que ahora no entrarán a las arcas del Estado. El decreto es enfático al señalar que, dado que el monto inicial aprobado de ingresos no incluía los 12 billones de la ley negada, se procedió a realizar el ajuste proporcional correspondiente para evitar un descalce financiero.
Compromisos previamente adquiridos no se verán afectados
A pesar de la magnitud de la reducción presupuestal, el Ministerio de Hacienda ha enviado un mensaje de tranquilidad respecto a las obligaciones ya pactadas. El decreto aclara explícitamente que los compromisos adquiridos previamente por las diferentes entidades del Estado no se verán afectados por estas modificaciones. El ajuste se ha centrado en apropiaciones que aún no se han ejecutado, buscando así equilibrar la caja nacional sin comprometer el funcionamiento esencial del Estado o los proyectos que ya cuentan con contratos en marcha.
