Paz con legalidad. La idea de una jurisdicción agraria era acelerar la resolución de conflictos de tierras que mantienen viva la llama de la violencia en Colombia. ¿Quién se opuso?
Opinión
Por: Octavio Quintero
El Satélite
El gobierno Duque institucionalizó una de sus curiosas proclamas diferenciadoras de Santos: “Paz con legalidad”, induciendo en el subconsciente colectivo que el Acuerdo de Paz suscrito con las Farc había sido concebido ilegalmente y, por tanto, había que “hacerlo trizas”.
Bueno, aceptando el controversial giro idiomático, ya que toda paz (legal o ilegal -- siguiendo el juego) implica una relación de armonía entre las personas, sin enfrentamientos ni conflictos (DRAE), pudiera considerarse que el proyecto de ley (PL) sobre la jurisdicción agraria encajaba en el concepto, sui generis, de “Paz con legalidad”, tanto más, si fue concebido y presentado por el propio gobierno Duque como réplica al PL, que en la agonía de su gobierno, presentó Santos en el mismo sentido y que naufragó en un Congreso también menguante… Lo que hoy resulta sorprendente es que también este se haya hundido. Fuentes, usualmente confiables, acusan al propio Gobierno de manipular su fracaso.
El PL llegó al Congreso de la mano de la entonces ministra de Justicia, Margarita Cabello (hoy procuradora) en momentos en que arreciaba la crítica internacional sobre la inocultable tibieza del Gobierno sobre la implementación del Acuerdo de Paz. El mensaje era diciente: la ministra dijo que estaba concebido para desarrollar lo pactado en Cuba, y cumplir así con los compromisos de formalización masiva de la pequeña y mediana propiedad rural. “Se entiende –agregó-- lo imperioso de establecer un cuerpo unificado normativo en torno a dichos asuntos”.
No solo la comunidad internacional copió la “buena voluntad” del gobierno Duque con el proceso de paz, sino que el mensaje alentó esperanza a miles de campesinos asentados en los territorios de los 170 municipios más azotados por la violencia generada, precisamente, por la informalidad jurídica en la que mantienen sus tierras.
Pues, al terminar la tercera y penúltima legislatura, es una vergüenza nacional e internacional que este Congreso, y tal vez por orden del mismo Gobierno, haya dejado hundir el PL.
Pareciera que el telón cayó al final de la comedia… A última hora, el presidente del Senado, Arturo Char, no agendó la jurisdicción agraria, afianzándose así la sospecha de que todo fue una trama para apaciguar a la comunidad internacional.
Pasado el temporal, el Gobierno abandonó el PL y le soltó los perros del CD (su propio partido), que fue un férreo opositor a través de la senadora, María Fernanda Cabal y su influyente marido, José Félix Lafaurie, quien le habla al oído a Uribe.
Fin de folio. La paz, y toda Colombia, está hecha trizas.
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