Busca diálogo con los propietarios de los terrenos en busca de una solución a que ampare los “compradores de buena fe”. También intenta persuadir a la justicia para que aplace diligencia de desalojo
Los mensajes del gobernador Nicolás García Bustos se conocieron pocas horas antes de que los terrenos en litigio sean tomados mediante orden judicial.
“Mañana (miércoles 30 de marzo) está programada la diligencia de desalojo del inmueble de Ciudad Jardín, en Zipaquirá. Como gobernador, y con respeto a la independencia de poderes, pido al sr juez la suspensión de la diligencia, y a los propietarios del predio el espacio para llevar a cabo una negociación”, publico en twitter. Mensaje igual corrió desde su Facebook.
En la misma dirección se pronunció el gerente de Buen Gobierno de Cundinamarca, Carlos Granado. Granados Palacio dijo que el despacho mantendrá trámites en procura de una salida que, a estas alturas, parece imposible.
La intervención departamental
El delegado del Gobernador insistió en que la fórmula del mandatario sigue siendo, entre otras, una salida negociada. Es decir, la compra de la franja sobre la cual fueron construidas las viviendas objeto de desalojo.
También comentó que seguirán buscando un aplazamiento de la diligencia. La intervención del mandatario se dio dentro de los actos de posesión de las directivas de Acción Comunal en Zipaquirá. (Ver: Gobernador busca salida a problemas en Ciudad Jardín de Zipaquirá, Cundinamarca )
Ese día el mandatario fue abordado por los afectados de Ciudad Jardín, quienes le pidieron su mediación. A partir de entonces impartió las primeras instrucciones.
Pidió al Gerente de Buen Gobierno, Carlos Granado, que emprendiera el análisis de la situación.
Al conversar con Noticias Día a Día el delegado de García Bustos se abstuvo de calificar si existió o no negligencia en un trámite que resolviera equitativamente el litigio. Desde hace meses las víctimas de desalojo pidieron al alcalde Wilson García la presentación de un proyecto al Concejo Municipal que facilitara la adquisición de los terrenos.
Para algunos, el recurso podría encontrarse en la declaratoria de utilidad pública de los lotes en cuestión. Eso mismo consideran las víctimas.
Los problemas legales comenzaron poco después de que el urbanizador pirata Evaristo Porras ofreciera en venta lotes que habría negociado a comienzos de los 90.
Parece ser que Porras Ardila no cumplió con la negociación; no pagó la totalidad de lo convenido. Tras ello comenzó el pleito legal que hop alcanza su punto culminante.
Sobre el tema el alcalde Wilson García ha entregado sus propias explicaciones. Dice que cumplió con lo correspondiente dentro de los términos legales.
A última hora presentó al Concejo un proyecto pidiendo autorización para suministrarle a algunos de los desalojados, un auxilio de arriendo por varios meses. (Acceder al reporte de la Alcaldía en este enlace)
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