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Por PAE a juicio disciplinario exfuncionarios de Soacha, Cundinamarca

por: Omar Gamboa

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Ante la Procuraduría deberán comparecer los exsecretarios de Educación y Cultura Hernán Castellanos Ramírez (diciembre 2016 – octubre 2018) y Manuel Ernesto Ochoa Sanabria (octubre de 2018 – enero 2019), debido a aparentes anomalías en procesos contractuales con el Programa de Alimentación Escolar.   Parece ser y en vista de la agencia del Ministerio Público en Fusagasugá, Cundinamarca, donde se lleva en caso, que Ochoa Sanabria formuló exigencias que rompieron el principio transparencia. Considera ese aspecto debido a que exigió que, en los pliegos de condiciones, mínimo tres de los proponentes debían residir en Soacha aspecto que pudo viciar la convocatoria. “La Licitación 01 de 2019 fue convocada para la “prestación del servicio de alimentación escolar que brinde el complemento alimentario y almuerzo durante la jornada escolar a los estudiantes escolarizados de las instituciones educativas oficiales, según las edades de los beneficiarios del Programa PAE”, por valor de $6.666’927.316 pesos”, insiste la investigación. Otro punto en duda consiste en que, en etapa precontractual, “adjudicara el proceso a la Fundación Vive Colombia, cuando al parecer, esta no habría acreditado el requisito de selección relacionado con el Sistema de Información Web, necesario para identificar a los beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar”. Para la Procuraduría, Ernesto Ochoa Sanabria habría omitido los principios de economía, responsabilidad y selección objetiva. En cuanto a Hernán Castellanos Ramírez, los investigadores consideran que no adelantó correcta verificación de los soportes de experiencia entregados por Proalimentos Liber S.A.S., y que al parecer tampoco se le permitiera al proponente, entregar los soportes que subsanaran las condiciones exigidas para participar en el proceso. “La Licitación Pública No. 01 de 2018 tenía por objeto la “prestación del servicio de alimentación escolar que brinde el complemento alimentario y almuerzo durante la jornada escolar a los estudiantes escolarizados de las instituciones educativas oficiales, según las edades de los beneficiarios del Programa PAE” por valor de $ 3.358’997.650”. Así, el exfuncionario habría desconocido los principios de transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva que regulan la contratación estatal. La presunta falta fue calificada provisionalmente como gravísima a título de culpa gravísima.