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Paz con legalidad

por: Omar Gamboa

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Como son los tiempos, así las cosas. Una asamblea constituyente podría reflejar el despertar de una generación nueva que está en la calle reclamando derechos que les son denegados en aras de un modelo pensado para pocos   Opinión Por: Octavio Quintero Grupo GES En estos momentos debe estar el presidente Duque instalando la mesa de “paz con legalidad” que hace parte del diálogo social abierto por el Gobierno para tratar de llegar a una concertación de todas las fuerzas vivas que pueda apaciguar el estallido social que tiene prendido al país desde el 21N. El título de la mesa hace parte de la campaña emprendida por el Centro Democrático de “hacer trizas la paz”, afortunada o infortunada frase (depende cómo se mire) vociferada por Londoño Hoyos, el cerrero uribista que ahora quiere también hacer trizas a Duque. El Presidente la puso en boga cuando objetó la ley estatutaria de la JEP dando a entender que su gobierno iba a desmontar las ilegales prebendas otorgadas a las Farc-Ep como contraprestación a su desmovilización y entrega de las armas con las que había retado al Estado en los últimos 50 años. Tal vez sean pocos los que perciban en Duque las manifestaciones propias del obsesivo-compulsivo, trastorno metal derivado de pensamientos, sentimientos, ideas, sensaciones y comportamientos repetitivos e indeseables que impulsan a hacer algo una y otra vez: tres ejemplos pueden aplicar en Duque: Venezuela, Santos y Petro. En el caso de Santos, Duque heredó de Uribe el resentimiento que se desprende de la traición, supuesta o real, que cometió el expresidente al abrirle a las Farc un espacio de diálogo cuando, supuestamente, las había recibido al borde del knockout militar. Igualmente, muchos colombianos, bastantes por desgracia, comulgan con la misma hostia, y ese fue, nada más, el leitmotiv que los llevó a elegir presidente en el 2018 al que dijera Uribe, y adoptar, de paso, la consigna de hacer trizas la paz, a cualquier precio, que es lo que está pagando ahora con la explosión social que, de vuelta, amenaza con hacer trizas al Gobierno Duque. Pues, esa es la génesis de “paz con legalidad” que enarbola hoy el Presidente como bandera blanca a la explosión social. Ojalá salga algo útil de la extraña mesa; y digo extraña porque no concibo una “paz con legalidad”, ya que, por contrario, tendría que existir el giro absurdo de “paz con ilegalidad”. No hablando de una Arcadia o de Utopía, el término paz refleja la idea de una convivencia social sin luchas cruentas entre sus dirigentes, aunque tengan diferencias radicales que suelen conllevar dificultades. Todo en ese estado de convivencia tiene que ser legal; legalidad interpretada, también, como que es acatada por todos, aunque pueda ser discutida por algunos. De ahí el dicho, “acato, pero no comparto”. Es decir, la paz tiene que ser legal o no es paz. No es aventurado sostener hoy en día que la paz dejada por Santos es legal: la refrendó el Congreso y la convalidó la Corte Constitucional. Los uribistas, que al parecer todos son obsesivos por ADN, viven del pírrico triunfo del NO en el plebiscito por la paz, prologando su resultado en el tiempo como si los electores de ayer fueran los mismos de hoy. Las cosas se deshacen como se hacen, reza el adagio. Si estamos en punto de no retorno a la disyuntiva, ellos o nosotros, la única salida posible es una nueva constituyente que refleje el despertar de una generación nueva que está en la calle reclamando derechos que les son denegados en aras de un modelo pensado para pocos. La constitución del ’91, bueno es decirlo en estos momentos de efervescencia y calor, es un híbrido ideológico que concibe un Estado Social en medio de un constitucionalismo económico de libre mercado que es insocial. En sí, la CP del ‘91 encierra la misma contradicción de la mesa que instala hoy Duque: “Paz con legalidad”.