“30 alertas de la Contraloría por presuntos sobrecostos de $34 mil millones en contratación del PAE durante la pandemia”.
Bajo la mira del organismo de control y vigilancia también se encuentran la contratación del Programa de Alimentación Escolar en Bogotá y municipios de Antioquia, Bolívar, Risaralda, Cauca y Meta.
“Durante la emergencia sanitaria provocada por la propagación del COVID-19, la Contraloría realizó seguimiento a recursos públicos por $570 mil millones destinados al PAE en 34 entidades territoriales del país”, precisa reporte oficial.
Señala el mismo organismo que los procedimientos activados durante la actual emergencia por el coronavirus “permitió establecer 30 alertas por sobrecostos de $34.856 millones y da lugar a la apertura de 4 indagaciones preliminares por $6.074 millones”.
Agrega que las indagaciones son producto de la revisión y análisis realizados a 106 contratos relacionados con el suministro de ayudas alimentarias a estudiantes de los centros educativos del país, particularmente los gestionados durante la pandemia.
Casos en Cundinamarca
En condición de Alerta (el primer escaño en la escala de la evaluación), es decir que existen algunas inquietudes no necesariamente graves y que ameritan aclaraciones en criterio de la Contraloría General, se hallan Facatativá ($599 millones), Fusagasugá ($22 millones), Funza ($1.130 millones), Girardot ($37 millones) y Soacha ($765 millones).
Más avanzado y a nivel de Indagación (segundo nivel sobre los cuales existen posibles indicios), se hallan las contrataciones adelantadas con el Programa de Alimentación Escolar, PAE, en Chía, ($3.771 millones) y Zipaquirá ($43 millones).
En estas mismas condiciones se encuentran, a nivel nacional, Medellín, ($2.224 millones) y Arboletes, Antioquia ($34 millones). 
