Las gobernaciones de Norte de Santander, Cundinamarca, Valle, Cesar, Magdalena, Putumayo, Santander y Vaupés tendrán que explicar a la Contraloría algunas inversiones a propósito de la emergencia por el coronavirus.
En las mismas condiciones se encuentran las alcaldías de Cota, Girardot (Cundinamarca); de Cúcuta, Santa Marta, Yondó y Sabaneta (Antioquia), El Copey, El Paso y Aguachica (Cesar); así como la ESE Hospital Universitario Departamental de Nariño.
Las administraciones, tanto departamentales como municipales, se encuentran bajo observación de la Contraloría General siguiendo el interés por despejar dudas frente al destino de los dineros asignados a la atención de la pandemia.
Dentro de las más señaladas se encuentra la Gobernación del Tolima; le abrieron tres procesos de responsabilidad fiscal por valor aproximado a los $2.121 millones.
“La CGR ha emitido 340 alertas por presuntos sobrecostos del 21 por ciento, en promedio, en contratos relacionados con el COVID-19 cuyo valor total es de $484.000millones, de los cuales el 40 por ciento (unos $193.000 millones) corresponde a contratación realizada por 25 gobernaciones”.
Según indica la Contraloría, su acción ha obligado a que varias administraciones revisen contratos por valor de $101 mil millones, los cuales, en virtud de ello, ahora tienen un costo de $54 mil millones, es decir casi la mitad.
La administración en Bogotá igualmente se encuentra bajo la mirada del organismo de control; de momento mantienen “18 alertas por presuntos sobrecostos en cuantía de $20.221 millones”.
El proceso de vigilancia igualmente alcanzó a entidades como la ANI e INVIAS y la AEROCIVIL; revisan el destino de $3.9 billones.
Para la Contraloría el nerviosismo desatado por la pandemia quiso ser aprovechado para manejar amañadamente importantes recursos para la educación ($301.757).
En cuanto a los hospitales el más comprometido con las dudas es el Francisco de Paula Santander, en Santander de Quilichao (Cauca), que tiene un avance de apenas el 29%.
Sobre las ciudades llama la atención el manejo de buena parte de los dineros en manos del alcalde de Cartagena, William Dau Chamat (por $193 millones).
Para el caso de Cundinamarca la Contraloría analiza el “Contrato SS-CD-265-2020 del 21/04/2020, por valor de $3.600.000.000, suscrito con Hospital Ortopédico S.A.S. para la adquisición de unidades de cuidado intensivo”.
“El estudio de mercado realizado por la CGR determinó que sobre el valor del contrato se presenta un presunto sobrecosto promedio del 13%, equivalente a $465.611.444
Indagación Preliminar Alcaldía de Cota (Cundinamarca)
La Contraloría busca aclarar el presunto sobrecosto en Contrato No. 671-2020 suscrito con el Grupo Empresarial FOOD S.A.S., por valor de $750.000.000.
Se trata de la adquisición de mercados para la población vulnerable del municipio de Cota, con ocasión de la declaración de emergencia para enfrentar la pandemia por Covid-19.
Tienen dudas la CG debido a que se “suscribió otros al contrato ampliando la entrega de mercados a mayor cantidad de hogares (5.500 mercados adicionales a los ya adquiridos), se prorrogó en 15 días y se adicionó por $840.000 millones”. 
