El asentamiento de La Florida, en los límites de Bogotá, se convirtió el 6 de febrero de 2026 en el epicentro de un tenso enfrentamiento entre derechos colectivos e individuales. La comunidad Emberá, asentada en este sector, implementó un bloqueo que impidió físicamente el ingreso de los equipos técnicos de las Secretarías Distritales de Integración Social y Salud.
Esta medida de hecho se originó como una protesta organizada por voceros de la comunidad. Su demanda central era exigir al Distrito la contratación directa de personas pertenecientes a su pueblo para los programas sociales que se ejecutan en el mismo territorio. Según su postura, esto garantizaría que los servicios sean culturalmente pertinentes y generen empleo dentro de su comunidad.
La Administración Distrital, sin embargo, manifestó un enérgico y público rechazo a la metodología del bloqueo. En un comunicado oficial, la Alcaldía Mayor calificó la situación como "inadmisible", argumentando que se estaban utilizando como moneda de cambio derechos fundamentales que son de carácter prevalente.
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La prevalencia de los derechos de la niñez: el punto de no negociación
El eje del conflicto radica en la interrupción de servicios sociales dirigidos a una población especialmente vulnerable. Los equipos bloqueados son los responsables de operar programas como jardines infantiles y el programa Atrapasueños dentro de la Unidad de Protección Integral (UPI) de La Florida.
"Condicionar el acceso a la salud, a la alimentación y a la protección de niños, niñas y adolescentes a la firma de contratos laborales constituye una presión indebida que vulnera la Constitución Política", afirmó la secretaria de Integración Social durante una rueda de prensa. La administración subrayó que los derechos de la niñez son prevalentes y no negociables bajo ningún contexto.
Esta postura se sostuvo a pesar de que, según reportó el Distrito, el pasado 4 de febrero se había realizado una socialización exhaustiva de la oferta institucional. En ese espacio, se habrían presentado los alcances de los servicios y los protocolos de vinculación, incluyendo los procesos de contratación que, señalan, deben seguir los estatutos de la función pública y la ley.
El llamado a la corresponsabilidad y el contraste con la ciudad
Frente al bloqueo, el Distrito hizo un llamado urgente a la corresponsabilidad. "La garantía de derechos es una tarea que convoca a las familias, a la sociedad y al Estado. No puede ser una responsabilidad que se eluda o se negocie", se leyó en el pronunciamiento. La administración insistió en que su presencia en la zona ha buscado, históricamente, respetar los usos y costumbres de la comunidad Emberá, pero que existen límites marcados por el interés superior de los menores.
Esta problemática local genera un contraste marcado con el resto de la ciudad. Mientras en La Florida se suspendían servicios, la administración Galán resaltaba el inicio de actividades de más de 30.000 niños en los jardines infantiles distritales, un hito presentado como muestra del compromiso social de su gobierno.
La crisis puso sobre la mesa la complejidad de la gestión social en contextos interculturales. Plantea el dilema de cómo conciliar el derecho a la autonomía y a la consulta previa de las comunidades, con la obligación indelegable del Estado de garantizar derechos fundamentales sin condiciones, especialmente a los niños.
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