Ante el ajuste tarifario del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) que entra en vigor mañana 14 de enero de 2026 en Bogotá, la Secretaría de Educación del Distrito (SED) ha reafirmado su compromiso inquebrantable con la permanencia estudiantil a través del robustecido Programa de Movilidad Escolar (PME). Para el año lectivo que comienza, la administración distrital ha destinado una inversión histórica de $28.000 millones, una partida presupuestal blindada que busca neutralizar el impacto económico del aumento del pasaje en las familias más vulnerables de Bogotá.
La estrategia es clara y contundente: el subsidio cubrirá el 79% del valor del pasaje integral, lo que se traduce en un apoyo directo de $2.800 por cada trayecto (ida o regreso) que el estudiante realice entre su residencia y el colegio oficial. Este esfuerzo financiero no es un gasto, sino una inversión social de alto rendimiento, dirigida a eliminar una de las barreras económicas más silenciosas y potentes de la deserción escolar: el costo diario del transporte.
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Bogotá: Transferencias y Recargas para Mayor Eficiencia
El subsidio se otorga a través de dos modalidades ágiles y modernas, diseñadas para adaptarse a las necesidades de las familias. La primera es la transferencia monetaria directa al adulto responsable inscrito en el programa, un giro que llega a su cuenta bancaria y le otorga autonomía para gestionar el transporte de su hijo. La segunda, y cada vez más popular, es la recarga directa en la tarjeta personalizada “Tu Llave Plus” del estudiante, un mecanismo que garantiza que el recurso se use exclusivamente para la movilidad.
Un pilar fundamental del sistema es su vinculación a la asistencia real. El subsidio no se paga por decreto; se liquida conforme a los registros de entrada y salida del estudiante en el colegio, capturados a través de sistemas biométricos o de tarjetas. Esto asegura la eficiencia en el uso de los recursos públicos y fomenta, de manera adicional, la responsabilidad y la constancia de los jóvenes beneficiarios. “Es un modelo ganar-ganar: el Estado invierte en educación y los estudiantes refuerzan su hábito de asistencia”, explica un funcionario de la SED.
El Acompañante: Un Subsidio que Reconoce la Corresponsabilidad Familiar
Uno de los aspectos más destacados y sensibles del programa es el reconocimiento a los estudiantes menores de 14 años. Para este grupo, el Distrito no solo subsidia su pasaje, sino que otorga un segundo apoyo económico destinado a su acompañante adulto. Esto reconoce una realidad social: muchos niños y niñas requieren ser llevados y recogidos del colegio por un familiar, y ese desplazamiento también tiene un costo.
Este componente de “acompañante” es un acto de justicia de género y reconocimiento al cuidado, ya que en la mayoría de los casos recae sobre madres, abuelas o hermanas mayores. Al subsidiar ambos trayectos, el programa libera presión económica de los hogares y garantiza que el traslado sea seguro, sin que la familia tenga que elegir entre pagar el pasaje del adulto o cubrir otra necesidad básica.
Meta 2026: Llegar a Más de 23,000 Jóvenes y Sostener sus Sueños
Durante el 2025, el PME demostró su eficacia al beneficiar a más de 6.500 estudiantes de colegios oficiales. Sin embargo, la meta para este 2026 es exponencialmente más ambiciosa: superar la barrera de los 23.000 jóvenes beneficiados. Esta expansión masiva es posible gracias al incremento presupuestal y a un proceso de identificación y focalización más depurado, que cruza datos del Sisbén, la matrícula escolar y los recorridos del SITP.
La secretaria de Educación, Edna Bonilla Sebá, ha sido enfática: “Estos $28.000 millones no solo mueven buses; mueven proyectos de vida”. El programa se enmarca en la estrategia integral de sostenibilidad social del sistema de transporte, que hoy protege a más de 600.000 personas entre estudiantes, adultos mayores y población vulnerable. En el horizonte, el mensaje es claro: en la Bogotá que camina segura, ningún talento se quedará fuera del aula por no poder pagar un pasaje. La educación es un derecho, y el acceso a ella, una prioridad financiera.
