Bogotá, una ciudad que produce miles de toneladas de residuos de construcción y demolición cada mes, las esquinas y los separadores viales se convierten a menudo en botaderos a cielo abierto. Escombros, ladrillos rotos y bolsas de cemento aparecen de la noche a la mañana, degradando el espacio público, tapando sumideros y generando focos de contaminación. Pero, ¿qué ocurre cuando el infractor es sorprendido en el acto? La Alcaldía Local de San Cristóbal acaba de dar una lección ejemplar.
Un ciudadano fue captado en flagrancia por el equipo territorial de la alcaldía mientras arrojaba escombros en la vía pública, específicamente frente a varias viviendas del sector. La respuesta de las autoridades fue inmediata y contundente, enviando un mensaje claro de cero tolerancia con las prácticas que atentan contra el cuidado del entorno.
Lejos de limitarse a un llamado de atención, el operativo se convirtió en un acto pedagógico y sancionatorio a la vez. Al infractor no solo se le impuso el respectivo comparendo por la disposición inadecuada de residuos, sino que se le obligó a recoger, en el acto, cada uno de los fragmentos que había arrojado y devolverlos a su vivienda. La imagen del ciudadano recogiendo los escombros que intentó abandonar se difundió rápidamente como un ejemplo de que en 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', el espacio público se respeta.
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Bogotá: La estrategia para defender el espacio público en las localidades
La intervención en San Cristóbal no fue un hecho aislado, sino que se inscribe en una estrategia más amplia de la administración distrital para combatir el deterioro del espacio público y promover la cultura ciudadana. El operativo contó con el acompañamiento de la Policía Nacional, lo que permitió darle el respaldo de autoridad necesario al procedimiento sancionatorio.
El mensaje del alcalde local, Carlos Hernando Macías, fue enfático al señalar que "el espacio público no es el patio trasero de nadie". Con esta frase, la administración local busca remover la idea errónea de que las calles, los andenes y los separadores pueden ser utilizados como extensiones particulares para deshacerse de los desechos de obras menores o remodelaciones. El funcionario también subrayó el doble objetivo de la política: "Vamos a seguir actuando con firmeza frente a quienes incumplen, pero también educando y promoviendo cultura ciudadana".
Esta acción se enmarca en el cumplimiento de los llamados "10 no negociables del aseo", una serie de reglas de convivencia ciudadana que el Distrito ha promovido para mantener la ciudad limpia y ordenada. Entre ellas, la disposición adecuada de escombros es una de las más críticas, dado su impacto en el sistema de alcantarillado, la movilidad peatonal y la imagen urbana. Con este operativo, San Cristóbal reafirma que su territorio no es un botadero y que habrá consecuencias para quienes incumplan la norma.
Canales legales para los escombros: una alternativa al alcance de todos
Más allá de la sanción, el caso dejó una enseñanza crucial para la comunidad: en Bogotá existen canales oficiales y gratuitos para disponer legalmente de los escombros. La Alcaldía Local aprovechó el episodio para recordar a la ciudadanía que no hay excusa para arrojar residuos en la vía pública, ya que el Distrito ofrece alternativas accesibles.
La principal herramienta es la línea 110 de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), un número a través del cual cualquier ciudadano puede programar la recolección formal de escombros generados en pequeñas obras o mejoramientos de vivienda. Este servicio, que hace parte de las rutas selectivas de la ciudad, está diseñado precisamente para evitar que los residuos de la construcción terminen invadiendo el espacio público.
La existencia de estos canales institucionales desvirtúa cualquier justificación para la disposición ilegal. Con una simple llamada, los bogotanos pueden solicitar que un vehículo autorizado pase a recoger los materiales, evitando así multas que pueden superar los 800.000 pesos, además de la vergüenza pública de tener que recoger los escombros ante la mirada de los vecinos.
El mensaje para los infractores es claro: en una ciudad que trabaja por la calidad y la transparencia en la gestión pública, el descuido del entorno tiene consecuencias. El caso del ciudadano en San Cristóbal, obligado a recoger lo que botó, quedará como un recordatorio de que el espacio público es de todos y su cuidado, una responsabilidad compartida que las autoridades están decididas a hacer cumplir.
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