La Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) ha presentado un balance exhaustivo que redefine los estándares de vigilancia en Bogotá. Durante el 2025, se ejecutaron más de 1.700 acciones de fortalecimiento y control en las 20 alcaldías locales, tejiendo una red de supervisión que combina el seguimiento preventivo, el acompañamiento técnico y la comunicación estratégica. Este operativo sin precedentes tiene un objetivo claro: asegurar que cada peso del presupuesto local, destinado a obras de pavimentación, mantenimiento de parques y servicios comunitarios en los barrios, se maneje con una transparencia absoluta y rinda cuentas claras a la ciudad de Bogotá.
La meta final es blindar la inversión pública contra el riesgo de desvíos o irregularidades, garantizando que Bogotá "camina segura" no solo en sus calles, sino en la solidez de sus finanzas. Este modelo de gobernanza activa busca cerrar las puertas a la opacidad, posicionando a la administración distrital como un veedor permanente que antepone el interés general sobre cualquier práctica indebida.
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La Unidad de Transparencia: El cerebro operativo del control preventivo
El corazón técnico de esta estrategia late en la Unidad de Transparencia de la SDG. Su labor va más allá de la auditoría reactiva; se centra en la prevención. Durante el periodo reportado, esta unidad se convirtió en el radar de la contratación local, elaborando 197 informes técnicos detallados sobre los Planes Anuales de Adquisiciones (PAA) de las localidades. Estos documentos son la hoja de ruta del gasto y su análisis minucioso permite identificar riesgos antes de que se firme un contrato.
Complementando este trabajo de escritorio, se adelantaron más de 250 mesas de trabajo conjuntas con los equipos de las alcaldías locales. En estos espacios, técnicos distritales y locales revisaron, línea por línea, la ejecución de convenios y contratos vigentes. El fruto de este acompañamiento no se midió solo en papeles: se materializó en tres recomendaciones administrativas críticas emitidas formalmente. Estas recomendaciones se enfocaron en mejorar los procesos de contratación directa (exigiendo mayores justificaciones y estudios de mercado), en fortalecer la supervisión de las interventorías (para que no sean un simple trámite) y en garantizar la rigurosidad en los pliegos de condiciones, asegurando que la publicidad y la competencia sean reales.
El Consejo de Contratación Local: La voz ciudadana en la sala de decisiones
La transparencia no puede ser un monólogo institucional. Por ello, el Consejo de Contratación Local se erigió como el puente fundamental con la comunidad. A lo largo del año, este organismo sostuvo 11 sesiones ordinarias que fueron faros de deliberación pública. En ellas, no solo se socializaron los PAA, sino que se analizaron un total de 87 denuncias ciudadanas presentadas por líderes comunales, veedores y ciudadanos del común preocupados por irregularidades en obras de su barrio.
Tras un filtro técnico y jurídico, 36 de estos casos fueron priorizados por presentar indicios serios de presuntas irregularidades. Esta priorización activó de inmediato los protocolos de investigación, generando una cascada de más de 280 oficios y solicitudes de información dirigidos a las alcaldías locales y a los propios contratistas. “Cada denuncia ciudadana es una alerta que tomamos con la máxima seriedad. No es un número; es la confianza de la gente puesta en este mecanismo”, explicó un vocero de la SDG.
El mensaje final: “Aquí sí pasa” la vigilancia de los recursos
El balance de la SDG cierra con un mensaje contundente dirigido a la ciudadanía, a los contratistas y a los servidores públicos: en la Bogotá de 2026, la vigilancia de los recursos “sí pasa”. La combinación de tecnología, control social y decisión política ha creado un ecosistema donde es significativamente más difícil actuar al margen de la ley.
Este blindaje institucional, sin embargo, es presentado como un work in progress. Las fuentes indican que para el 2026 se proyecta escalar el modelo, implementando un tablero de control público y en tiempo real donde se podrá seguir el estado de la contratación y la ejecución presupuestal en cada localidad. La meta es pasar de un control sobre las localidades a un sistema de integridad con las localidades, donde la transparencia deje de ser una exigencia para convertirse en la cultura inherente a la gestión pública de Bogotá.
