Por: Alejandro

El escenario se conoció mediante investigación adelantada por RCN Radio acopiando datos de la Procuraduría con la intención de establecer cuál es la situación que en ese aspecto vive el país; igualmente muestra los partidos con mayor número militantes implicados en diferentes procesos, particularmente corrupción. Son, en su orden, el Partido de la U -21%-, Liberal – 20%-, Conservador -20%, Cambio Radical -13%- y luego el Partido Verde.

Las estadísticas solo entrega lo ocurrido entre el 2.011 y 2.015 pero otras informaciones con origen en la Misión de Observación Electoral, MOE,  indican que el fenómeno de sanciones por corrupción creció a lo largo de los últimos dos años.

Sobre los primeros registros -2.011 y 2.015- se tiene que para esos años recibieron sanciones disciplinarias 2.521 funcionarios de elección popular las cuales permitieron destitución de gobernadores -14-, diputados -7-, alcaldes -71- y concejales -126-.

Las estadísticas, por ahora, no muestran los casos registrados entre el  pasado y este año; uno de los más sonoros es el registrado en la Guajira con las sucesivas destituciones de sus gobernadores, casualmente pertenecientes a Cambio Radical el partido del vicepresidente German Vargas Lleras y eventual candidato a la Presidencia de la República.

Para el caso de Cundinamarca los más vistosos en los últimos años han sido los que comprometen a los ex gobernadores Pablo Ardila y Álvaro Cruz, aunque en los expedientes también figuran alcaldes, diputados y conejales.

Ya en los últimos meses y para el actual período han sido conocidas las destituciones de los mandatarios locales César Fabián Villalba y su antecesor Diego Escobar Guinea en Girardot; Madrid Giovanni Villarraga Ortiz y Carlos Andrés Prada Jiménez, de Ricaurte, –los cuatro con órdenes de captura- mientras otros más se encuentran incursos en investigaciones cuyo desenlace puede incluir destitución y prisión.

Ante ese panorama comenzaron a escucharse voces proponiendo actitudes fuertes con el propósito de ponerle freno a la corrupción y a la actitud poco comprometida de los partidos  en erradicar la corrupción.

Para el MOE las organizaciones políticas deben asumir los costos de las elecciones atípicas producto de los avales a candidatos finalmente destituidos; también tendrían que devolver los dineros entregados por el Estado –mejor dicho todos los nacionales- para financiar campañas al igual que deberían perder el derecho a presentar ternas para sustituir a los sancionados al igual que a presentar candidatos a nuevas elecciones.

Estas últimas propuestas serían presentadas al Congreso según dio a conocer el MOE.