La Fiscalía ordenó tomar inmuebles y sociedades (Por valor de 11 mil millones de pesos) a nombre del exmandatario Guillermo Varela Romero (2012 – 2015), acusado de presuntos hechos de corrupción. Ocuparon bienes en Bogotá, Cajicá, Fúquene, Nemocón y la misma Chía.
Investigan las autoridades si el exmandatario cayó en irregularidades que ocasionaron detrimento al municipio, por millonaria suma cuyos contribuyentes aún pagan por obras que “nuca se realizaron” según el mismo ente acusador.
Tiene que ver lo anterior con “el contrato suscrito en la administración del entonces alcalde de Chía (Cundinamarca), Guillermo Varela Romero, entre 2012 y 2015, por 19 mil millones de pesos, que tenía por objeto la construcción de una planta de procesamiento de aguas residuales (PTAR) y su puesta en funcionamiento con tecnologías únicas de descontaminación”.
Varela Romero, para ello, firmó el 18 de noviembre del 2.015 (días antes de finalizar su período), “el cual habría sido ajustado de tal manera que violó las normas contenidas en la Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratación de la Administración Pública)”.
Esa misma figura (la del cambio de términos de los contratos iniciales), hoy considerada irregular por la Fiscalía y la Procuraduría, fue utilizada en otros municipios cuyos procesos se encuentra en etapa investigativa. (Ver: Por PTAR I asegurado exalcalde Chía Guillermo Varela )
Otras investigaciones, también por las PTAR, alcanzan al exdirector de la CAR Néstor Franco. (Ver: Por PTAR II de Chía a indagatoria Director de la CAR )
“De acuerdo con la investigación, el pago del dinero se realizó por un valor de 5’468.000 dólares a una cuenta bancaria en Miami, Florida (Estados Unidos) a una empresa diferente a la que aparece en el contrato”, señala la comunicación oficial.
También cuestionan la modalidad del crédito con la entidad financiera fue pactada mediante la figura de leasing, es decir, “un arrendamiento con opción de compra, la cual es inusual en estos casos, por tratarse de terrenos del Estado”.
“Asimismo, tras labores de inspección judicial adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía al lugar de la supuesta construcción de la planta de tratamiento, se pudo evidenciar que no se levantó la obra contratada, no se ejecutó”, insiste la misma autoridad.
Más investigados por el negocio de las PTAR
Junto al alcalde Guillermo Varela Romero aparecen vinculados el exsecretario de Obras Públicas del mismo municipio Rafael Antonio Ballesteros Gómez y al contratista Ricardo Gailer Garcés.
“Según lo establecido, Ballesteros Gómez habría certificado con su firma el acta final 2015-CT-381, mediante la cual dio fe del cumplimiento total del objeto contractual”. La obra, de acuerdo a lo expuesto por la Fiscalía, no se realizó.
“Por esta defraudación, el municipio de Chía (Cundinamarca) debió pignorar durante 8 años a una entidad financiera, parte de las rentas obtenidas por concepto de los impuestos de industria y comercio y la sobretasa a la gasolina”, agregó el fiscal encargado del caso.
Los procesados
-El exalcalde Guillermo Varela Romero fue imputado por contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación a favor de terceros.
-Exsecretario de Obras de Chía Rafael Antonio Ballesteros Gómez, por los delitos de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad en documento público.
-Ricardo Gailer Garcés, contratista, imputado por contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales como interviniente, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
Finalmente, los procesados irán a audiencia preparatoria de juicio programada por el Consejo Superior de la Judicatura para el 23 de noviembre de 2020.
Los bienes afectados fueron dejados a disposición la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración. 
