Para la Procuraduría el procedimiento impulsado por la Secretaría de Movilidad del Distrito presenta “inconsistencias en la información” al igual que “riesgos de solvencia del contratista”. Los análisis adelantados por el Ministerio Público se encuentran en etapa de cierre de investigación, espacio en el cual se determinará si pasa a investigación o se archiva todo lo actuado.
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