Procuraduría insiste en ilegalidad de contrato con máquina “tapahuecos” de Petro.

Bogotá

En segunda instancia confirmó que el convenio suscrito para adelantar trabajos de reparcheo en Bogotá adolece de contravenciones legales, circunstancia por la cual decidió ratificar la destitución e inhabilidad contra, para la época de los hechos, la directora General de Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, María Gilma Gómez Sánchez, y la secretaria de la misma entidad  María Constanza Aguja Zamora.

 

En consideración del Ministerio Público las anteriores pretendieron hacer pasar el contrato como  proyecto de ciencia y tecnología cuando en realidad se trataba de un convenio típico de obras públicas el cual debía someterse a los procedimientos administrativos legales.

Considera que la negociación se adelantó de manera directa con el propósito de “eludir el proceso de selección del contratista mediante la modalidad de licitación pública, que correspondía por tratarse de un contrato de obra pública”.

Por esa razón determinó, mediante fallo de segunda instancia, destituir e inhabilitar a la mencionadas por el término de 10 años. Dentro de la decisión disciplinaria se suspendió del cargo por un mes a la señora Olga Patricia Mendoza Navarro, en su calidad de jefe de la Oficina Asesora Jurídica (e) de la citada unidad.

La investigación disciplinaria permitió establecer que el 26 de diciembre de 2013 se celebró mediante contratación directa el contrato de ciencia y tecnología para “aplicar la tecnología de parcheo por inyección a presión neumática para acciones de movilidad en la malla vial de la ciudad de Bogotá D.C.”, pese a que este era un típico contrato de obra, el cual, por su cuantía, debió someterse al procedimiento objetivo de la licitación pública.

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