Capturados tramitadores que estafaban a conductores ebrios.

Bogotá

Eran conocidos como los “R-4” y se habían especializado en timar a quienes la Policía sorprendía conduciendo bajo efectos de bebidas alcohólicas; le prometían  eliminar las duras multas y severas sanciones, “trabajo” por el cual cobraban entre 2 y 3 millones de pesos. Se hacía pasar como funcionarios de las entidades encargadas del manejo y cobro de esas sanciones pero, luego de recibir el dinero, desaparecían sin dejar rastro.

 

Por ahora las autoridades tienen datos de que actuaban en Bogotá, aunque fuentes extraoficiales no descartan que también hayan cometido ese tipo de delitos en poblaciones de Cundinamarca o tomado como víctimas a conductores del departamento, asunto  el cual tratan de aclarar los organismos investigativos del Estado.

Los cinco delincuentes fueron ubicados y detenidos en el centro de la capital colombiana, cerca de la Secretaría de Movilidad del Distrito, por donde se movían en busca de nuevas víctimas o de quienes requerían de algún trámite ante esa entidad.

Como estrategia solían acudir en horas de la noche a  las zonas de rumba de Bogotá y hacían presencia en donde la Policía  instalaba puntos de control contra los conductores ebrios.

Intervenían cuando un vehículo era subido a cualquiera de las grúas y su conductor multado por alcoholemia para ofrecer sus servicios ilícitos.

Al sancionado le dejaban una tarjeta con números telefónicos de un supuesto contacto quién se encargaría de los trámites para liberar el carro de los patios en pocas horas, prometiendo, además,  que borrarían cualquier historial del infractor e impedirían que el comparendo fuera cargado al sistema contravencional, es decir que eliminarían la multa.

Luego de la llamada de la víctima le ponían cita cerca a las oficinas de Movilidad; el jefe de la banda se presentaba haciéndose pasar por funcionario de la Secretaría y en compañía de uno de sus cómplices  se comprometía a realizar la maniobra ilegal en cinco días a cambio de una suma que generalmente oscilaba entre dos y tres millones de pesos.

Finalmente y tras días de espera el sancionado se veía obligado a pagar las multas y los cobros por permanencia del vehículo en los patios.

Conocidos los hechos por la Policía dispuso un operativo mediante seguimientos a la banda utilizando cámaras de video  e interceptaciones telefónicas, procedimientos a través del cual pusieron recaudar las pruebas que finalmente condujo  a los delincuentes a la cárcel.

Fueron detenidos el cabecilla de la banda, Alexander Rodríguez Giraldo, alias “Juan Carlos” o “Manuel”, señalado de hacerse pasar por autoridad, servidor público o conductor de grúa ante las víctimas y quien cobraba el dinero. Otros capturados cumplían diferentes roles como: distribuir las tarjetas, contactar a los conductores sancionados, fingir que realizaban las diligencias en los organismos de tránsito e intimidar a las víctimas cuando se percataban del engaño.

Sobre esta modalidad de estafa han sido conocidos ocho casos producto de igual número de denuncias las cuales reforzaron las pruebas contra todos los integrantes de los “R-4”, quienes ahora enfrentan acusaciones por extorsión, simulación de investidura y concierto para delinquir.

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