En Cundinamarca, Santander y Bogotá allanan bienes de alias “Megateo”.

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La Policía Nacional  y Fiscalía entraron a controlar toda clase de inmuebles que el delincuente, acusado de narcotráfico entre otros delitos,  mantenía ocultos a nombre de testaferros principalmente mujeres. Estiman las autoridades que estas propiedades podrían alcanzar la suma de 20 mil millones de pesos; ofrecen una recompensa de 2 mil millones de pesos que permitan su captura.

 

También fueron ocupados apartamentos, casas y fincas en Atlántico y Cesar las cuales fueron ubicadas mediante trabajos investigativos que se extendieron a lo largo de los últimos cinco años, algunas de ellas adquiridas mediante presiones y amenazas a sus verdaderos propietarios.

Víctor Ramón Navarro Serrano, como en realidad se llama el delincuente, está siendo perseguido por los organismos de Estado en el propósito por eliminar las estructuras criminales más peligrosas del país.

Las propiedades están representadas en dos apartamentos, 11 casas, dos garajes, ocho locales, cuatro fincas, cuatro lotes y ocho establecimientos de comercio o sociedades. Sobresale una vivienda campestre en Ocaña, con un circuito cerrado de video-vigilancia, puertas de seguridad con blindaje, y amoblada con lujos y excentricidades, que no son comunes en esta región del país, y que permiten inferir que años atrás el narcotraficante se habría resguardado allí.

Buena parte de estos inmuebles figuran a nombre de alias  “Lili”, una mujer mayor que conoce a Víctor Ramón Navarro desde sus primeros años al margen de la ley, concentra gran parte de las propiedades ocupadas. Según información de inteligencia, sería la persona que provee víveres y medicamentos a la estructura criminal de alias “Megateo”, y tendría a su nombre casas, fincas y locales comerciales, que el mismo narcotraficante le tituló para que cuidara de ellos y le entregara un porcentaje mensual de ganancias.

Por otro lado, alias “Marina”, quien fue compañera sentimental del narcotraficante en 2010, recibió otros predios, que ella misma distribuyó entre varios familiares en diferentes zonas del país, para no despertar sospechas.

Estas dos mujeres serán investigadas y deberán explicar a la justicia el verdadero origen de las propiedades ocupadas, de no hacerlo serían procesadas por lavado de activos.

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