Colombia persistirá en denunciar violación de derechos humanos contra sus nacionales en Venezuela.

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Así fue advertido por el presidente Juan Manuel Santos en uno de sus pronunciamientos más contundentes contra  las decisiones de Caracas, al ordenar el cierre de la frontera entre las dos naciones y la expulsión de los colombianos desde ese país. Dijo que acudirá a la ONU y otras instancias para detener los abusos que están cometiendo la guardia y el gobierno venezolanos.

 

Comentó que incluso la Fiscalía, dentro de las funciones que le corresponde, denunciará a las autoridades civiles  y militares por lo que han hecho en contra de miles de colombianos a quienes acusan de paramilitarismo y estar fraguando atentados en contra del presidente Maduro.

Vehementemente observó que los problemas de Venezuela en materia económica y de desabastecimiento de alimentos, son generados en ese país  y no culpa de sus compatriotas que, por diversas razones, se han desplazado a ese país.

Esta la intervención del presidente Juan Manuel Santos:

Queridos compatriotas:

La política exterior de un país refleja los principios y valores en los que cree, y así ha sido en nuestro gobierno.

Desde el 7 de agosto de 2010 dije que íbamos a privilegiar el diálogo sobre la confrontación, la paz sobre la guerra, el respeto por las diferencias sobre la intolerancia, y –algo muy importante y primordial– el respeto por los derechos humanos.

Los derechos humanos… esos principios universales que están por encima de cualquier norma, porque se refieren a lo más sagrado del ser humano, que son su vida, su libertad y su dignidad.

Hemos venido aplicando esa política exterior y lo hemos hecho –en particular– con Venezuela, con cuyo gobierno tenemos profundas diferencias en cuanto al concepto de democracia y el modelo económico.

Hemos respetado esas diferencias, pero una cosa es eso y otra, muy diferente, que el país vecino viole los derechos humanos de sus ciudadanos y –lo que es más grave para nosotros– los derechos de nuestros compatriotas que viven en su suelo.

Venezuela –como cualquier Estado– tiene derecho a cerrar su frontera o a expulsar personas por razones de seguridad.

Pero la jurisprudencia internacional en derechos humanos es clara en afirmar que dicha potestad tiene límites: no puede violar el derecho internacional.

Las deportaciones no pueden ser discriminatorias por razones de nacionalidad.

Las deportaciones no pueden ser masivas ni arbitrarias. Deben ser individuales previa la garantía de un debido proceso y la posibilidad de interponer recursos ante las autoridades.

No pueden afectar los derechos de los menores, ni separar familias.

Y tampoco puede darse un trato indigno o inhumano a los deportados.

Queda claro que ninguno de estos requisitos se ha cumplido en las recientes deportaciones de colombianos por parte de Venezuela.

Y no solo eso. Como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reportado, se han violado toda clase de derechos fundamentales:

Al igual que en los guetos nazis, se han marcado las casas de las familias con una “D”, para luego demolerlas.

Cuando se conoció esta infamia, la pregunta universal fue: ¡Dónde estaba el mundo cuando ocurrió todo esto!

Pues bien, hoy –guardadas proporciones– la pregunta que nos hacemos es: ¡Dónde está la región!

Se ha confiscado la propiedad de los más humildes, o se les ha impedido llevarse sus pocas pertenencias.

Se han separado familias, dejando a la mujer a un lado de la frontera y al esposo al otro, o –peor aún– separando a los niños de sus padres, porque unos son venezolanos y otros colombianos.

¡Es un escenario de inhumanidad y crueldad que nunca imaginamos vivir ni conocer en nuestra región!

Los organismos internacionales –como la ONU y la OEA– se conformaron para preservar una paz basada en el respeto a los derechos humanos.

En la ONU hay un Consejo de Derechos Humanos y en la OEA hay un Sistema Interamericano de protección a los derechos humanos, con una Comisión y una Corte. Dos instancias a falta de una… ¡Así es de importante este tema a nivel internacional!

Por eso –por la gravedad del tema– pedimos al Consejo Permanente de la OEA que convocara una reunión de cancilleres, confiados en que nadie iba a eludir un debate sobre una situación actual y urgente relacionada con los derechos humanos.

Infortunadamente, pudieron más la ideología y los intereses monetarios que las razones humanitarias. ¡Es triste constatarlo, pero fue así!

Ha sido un revés –claro– pero no nos sentimos derrotados.

Cuando la razón nos acompaña, cuando se obra con la verdad en la mano, cuando se trata de defender la dignidad de nuestros compatriotas, ¡lo que hay es motivos para continuar!

Si sufrimos un traspié… ¡lo superamos! Si NO nos oyen en un escenario… ¡iremos a cien más! Si se cierra una puerta… ¡llamaremos a mil!

Porque estamos indignados –¡justamente indignados!–, y el silencio o la inacción no son –no pueden ser– una opción.

Por el respeto de los derechos y libertades de los colombianos un revés no nos detiene… Al contrario: ¡nos estimula a denunciar con más fuerza!

Y nos estimula también haber recibido el apoyo de 16 países del hemisferio –16 países que, junto con Colombia, votaron a favor de debatir el tema en una reunión de cancilleres–.

Son países serios, países democráticos, países que creen en las bondades del diálogo y la diplomacia, países que no le hacen el quite a un debate sobre derechos humanos.

Hoy quiero agradecerles, en nombre de todos los colombianos.

Para la OEA –y para el continente– esta era una oportunidad para hacer valer los derechos de los migrantes, una problemática que estamos viendo no sólo en Colombia sino en muchos países de la región y del mundo.

Dos países hermanos como Colombia y Venezuela no pueden entrar en esa dinámica de persecución al migrante, no pueden transitar ese camino de xenofobia y de odio que sufren otras regiones del mundo. ¡No lo podemos permitir!

Yo mismo he constatado que han maltratado a colombianos humildes y trabajadores. Personas que lo único que buscaban eran oportunidades para salir adelante. Como lo hacen muchos venezolanos que han venido a Colombia.

En una de mis visitas a los albergues me encontré con una señora de más de 70 años, recién operada de un carcinoma en un ojo, quien fue expulsada por la guardia venezolana.

Una niña de 5 años me dijo que la Guardia la había golpeado con un fusil.

¡A quién se le ocurre que está señora o esta niña sean paramilitares o hagan parte de una mafia del contrabando!

Son interminables las historias que podría contar… que hemos escuchado –doloridos– los miembros del Gobierno y de los organismos de socorro, y por supuesto los medios de comunicación.

Hay más de 2 mil niños que viven en Venezuela, que no han podido asistir a sus clases en Norte de Santander porque no pueden cruzar la frontera. ¡Otro derecho que se está violando: el derecho a la educación de los niños!

¡Y ni hablar de los que han sido separados de sus padres!

Por nuestra parte, el Gobierno y los colombianos, seguimos atendiéndolos y apoyándolos con todo el afecto y toda la dedicación, como lo hemos hecho desde el primer momento.

Ni un solo día han dejado de estar ministros o miembros del Gabinete o del Gobierno en la frontera, velando por la situación de nuestros compatriotas.

Fuimos a la OEA a contar los atropellos que han sufrido. Pero hay muchas más instancias.

Seguiremos denunciando y reclamando por la dignidad y los derechos de los colombianos en cuantos escenarios sea posible.

Lo hará la Canciller ante el Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Lo hará ante el Secretario General de Naciones Unidas, ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos en Ginebra, y ante la Organización Internacional de Migraciones.

Y lo haremos ante la opinión y los medios del mundo, que no pueden desconocer esta tragedia humana.

En cuanto a la Unasur, habíamos pedido una reunión de urgencia que nunca se dio y, por lo tanto, desistimos de esa reunión.

Esta misma tarde, el Fiscal General de la Nación me comunicó que –en el marco de su autonomía– está considerando seriamente presentar una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra miembros de la cúpula civil y militar del Gobierno venezolano que podrían ser responsables por crímenes de lesa humanidad consagrados en el Estatuto de Roma.

Se trata, específicamente, de la deportación o traslado forzoso de población de colombianos, quienes fueron objeto de expulsión y otros actos violatorios del derecho internacional.

La Fiscalía General de la Nación considera que hay bases para probar que se ha configurado un posible ataque generalizado y sistemático contra la población civil colombiana.

Es evidente –además– que la estrategia del Gobierno venezolano es culpar a Colombia de todos sus males.

Pero –como dije hace unos días– los problemas de Venezuela son hechos en Venezuela, no en Colombia.

Son tan absurdas, tan fuera de la realidad, las acusaciones y señalamientos, que se caen de su propio peso.

¡Quién puede culpar a una pobre anciana deportada de la tremenda escasez de productos básicos que sufre el pueblo venezolano!

¡Quién puede culpar a los niños que están siendo expulsados de la altísima tasa de cambio o la inflación que se ha disparado allá!

¡Y quién puede siquiera considerar que desde Bogotá, “con la anuencia y la vista gorda” de mi gobierno, se planee atentar contra la vida del presidente Maduro!

No. ¡Mil veces no!

Colombia es una nación decente, civilizada, democrática, respetuosa de los derechos humanos y de las instancias internacionales, que cree en el diálogo y la diplomacia, ¡y lo seguirá siendo!

Si otros caen en la paranoia, nosotros persistiremos en la serenidad en todas nuestrasacciones.

¡Pero no vamos a claudicar en la denuncia de lo que está pasando!

Voy a convocar mañana a un Consejo de Ministros en Cúcuta, y voy a invitar a ese consejo al cuerpo diplomático y a los representantes de los organismos internacionales, para que constaten directamente lo que está sucediendo.

He sentido la solidaridad de muchos, muchísimos colombianos, hacia esos compatriotas que ahora nos necesitan más que nunca.

Este –repito– es un momento de UNIDAD. Los pueblos se crecen en circunstancias difíciles, y Colombia debe salir más unida que nunca de esta situación.

Por nuestra parte, seguiremos adelantando una diplomacia firme y serena, que exija el respeto de la dignidad humana.

Pero diplomacia –recuerden– no es pasividad.

El que tiene la razón no necesita gritar para que lo oigan.

La razón se explica por sí misma, y los hechos lo confirman... ¡están a la vista!

Los colombianos pueden tener la certeza de que no vamos a descansar, no vamos a cejar un solo momento, en la exigencia de RESPETO POR NUESTROS COMPATRIOTAS, POR SU DIGNIDAD, POR SUS DERECHOS… ¡Y POR LA DINGIDAD DE NUESTRO PAÍS!

 

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