Los poderosos acumuladores de tierra denunciados por la Contraloría.

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Entre ellos se encuentran el ex presidente y senador Álvaro Uribe Vélez, el banquero y contratista Luis Carlos Sarmiento Angulo, los ex ministros de  Agricultura Rubén Darío Rizaralde y Aurelio Iragorri –ambos del gobierno Santos- al igual que el ex congresista de Cambio Radical Alfonso Mattos Barrero   y otros personajes de la vida nacional. Pidió a la Fiscalía y Contraloría investigar si existieron irregularidades en los procedimientos de adjudicación.

 

De acuerdo a las denuncias son más o menos 123 mil hectáreas distribuidas de manera posiblemente irregular y buscando favorecer a unos pocos nombres con influencia en el Estado, operaciones registradas principalmente en los departamentos de  Antioquia, Córdoba, Vichada, Meta y Caquetá.

“La Contraloría General de la República solicitó a la Agencia Nacional de Tierras –ANT que adelante las acciones judiciales dirigidas a anular las ventas de predios de origen baldío en aquellos casos en que se  verifique acumulación indebida de Unidades Agrícolas Familiares, o enajenaciones efectuadas por adjudicatarios originales sin el lleno de los requisitos legales”, indica el comunicado señalando el camino a seguir frente a lo que puede ser un escándalo más por manos manejos de la cosa pública en el país.

Según dice todo lo anterior corresponde a maniobras registradas durante los años comprendidos entre el 2.013 y 2.015 que involucran a 322 predios de importante extensión.

Explica que las tierras en cuestión pasaron a manos de grupos influyentes en proceso que deja dudas por cuanto, primero, las tierras fueron adjudicadas a campesinos y estos, a su vez y ya dueños legales de los mismos, las vendieron a los actuales poseedores.

Considera la CGR que si bien por ahora no puede establecerse detrimento patrimonial respecto de particulares, si es reprochable la violación de los topes establecidos en la Ley, como son la 450 hectáreas de la Ley 135 de 1961 o de la Unidad Agrícola Familiar, UAF, establecidos en la Ley 160 de 1994, que están orientados a promover la función social de la propiedad y a evitar la concentración de la misma.

Los informes corresponden a evaluaciones adelantadas por la Contraloría a partir de denuncias presentadas por los senadores Jorge Robledo Ortiz e Iván Cepeda

 

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