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Mar, Oct

Otro escándalo de corrupción en el Congreso de la República.

Noticias Nacionales

La Contraloría General puso al descubierto un nuevo episodio de malversación o robo de dineros oficiales  mediante subasta pública de los vehículos del Senado, asunto que podría representar un detrimento patrimonial por el orden de los $1.765 millones aportados por los contribuyentes colombianos a través de los impuestos. A esa conclusión llegó en cumplimiento de una investigación adelantada a través de las denuncias presentadas por el ex presidente de ese colegiado, Luis Fernando Velasco.

 

Conforme al reporte oficial son numerosas las irregularidades que se habría fraguado a través de subasta pública de los automotores, proceso para el cual se contrató a la Comercializadora Nave Ltda; pudo comprobar la Contraloría que, entre otras cosas, se registraron incumplimientos e irregularidades en los procesos de traspaso de vehículos y motocicletas proceso que se efectuó por fuera de los términos legalmente establecidos.

Se conoce la denuncia en el preciso momento en el cual el Congreso se apresta a debatir la Reforma Tributaria impulsada por el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos bajo el argumento de que se requiere varios billones de pesos para atender las necesidades del Estado.

“Existen bienes que, no obstante haber sido adjudicados, figuran ante los organismos de tránsito como de propiedad del Senado de la República. Algunos de estos vehículos se traspasaron a nombre de persona indeterminada, y otros en favor de beneficiarios diferentes a los adjudicatarios reales de las subastas. La CGR determinó también irregularidades en el trámite de los permisos de uso de blindaje para los vehículos. El contrato con la comercializadora Nave Ltda se encuentra en etapa de liquidación con obligaciones pendientes por parte del contratista”, agrega el comunicado del organismo de control.

Según la Contraloría existen incumplimientos e irregularidades en los procesos de traspaso de vehículos y motocicletas, toda vez que se adelantaron por fuera de los términos legalmente establecidos, con el agravante que aún existen bienes que, no obstante haber sido adjudicados, figuran ante los organismos de tránsito como de propiedad del Senado de la República.

Añade que, incluso, algunos de estos automotores se traspasaron a nombre de persona indeterminada, y otros en favor de beneficiarios diferentes a los adjudicatarios reales de las subastas.

Igualmente determinó que para los vehículos blindados subastados, solo en algunos casos se realizaron los trámites de solicitud de permiso de uso de blindaje ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, de manera que en los demás casos se hizo la entrega material de los vehículos sin haber obtenido el permiso de dicha entidad.

“También se verificó  que existían vehículos blindados de propiedad del Senado de la República que nunca tramitaron el correspondiente permiso ante la citada Superintendencia”, agrega.

Vehículos valorados a menor precio.

Pero tal vez lo más delicado del asunto es que en algunos casos existen diferencias entre las características de los vehículos subastados, concretamente  entre los avalúos para su venta y las tablas emitidas por el Ministerio del Transporte; quiere decir que fueron comercializados muy por debajo del costo real.

“Adicionalmente, en el avalúo de los vehículos se omitió incrementar el 10% del valor cuando los vehículos son blindados, y se realizaron descuentos por conceptos que no corresponden a los permitidos en la ley o a la dinámica de ejecución del contrato, entre ellos “descuento por vicios ocultos”, pese a que los bienes se venderían “en el estado en que se encuentran”,  y “otros descuentos” que incluyen “logística de retiro, tiempos de entrega, tiempos de reventa y fluctuación del mercado”, es decir costos ya comprendidos en la comisión del intermediario comercial”.

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