Procuraduría previene a alcaldes y gobernadores sobre corrupción.

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Les llamó la atención a fin de que ajusten sus planes y propuestas, con su correspondiente ejecución, en concordancia con la realidad de las respectivas entidades territoriales, consultando  la ciudadanía y sin desconocer componentes medioambientales. Observó que en esos aspectos figuran la mayoría de las cerca de 170 mil investigaciones del Ministerio Público.

 

Los comentarios del procurador Alejandro Ordoñez se conocieron en desarrollo de su reciente encuentro en la ESAP con los ejecutivos designados en las pasadas elecciones del 25 de octubre, oportunidad en la cual suministró reflexiones derivadas de las experiencias en ese organismo de control.

“Yo sé que ser alcalde hoy en día es complicado, son muchas las normas que impactan la función pública”, señaló  ante los más de 1.200 asistentes al Seminario de Inducción para los mandatarios territoriales electos.

Comentó que desde el  2.009 hasta la fecha, ha adelantado más de 161.961 procesos disciplinarios y ha emitido 1.502 sanciones que comprometen la responsabilidad de alcaldes, exalcaldes y 84 gobernadores (de los cuales 24 estaban en ejercicio), como consecuencia de conductas irregulares y de la omisión en el ejercicio de las funciones que les fueron asignadas.

“Recordemos que toda actuación humana, incluido el desempeño de funciones públicas, tiene implícita una valoración ética de los actos, donde se recorre el camino del conocimiento, de la voluntad y de la actuación; por lo tanto, debemos valorar nuestros actos con sus posibles consecuencias y observar la verdad incontrovertible, según la cual, nada permanece oculto siempre”, señaló.

Explicó que diseñar planes y proyectos ajenos a las realidades locales, sin participación ciudadana y desconociendo los componentes medioambientales, es una de las conductas que se reprochan con frecuencia a alcaldes y gobernadores, así como la elaboración de esquemas de ordenamiento territorial donde los intereses urbanísticos y de grandes empresarios superan el interés social, y la disposición de cambios de uso del suelo motivados por incentivos económicos:

“Eso es corrupción. Muchos de los que les financiaron las campañas están esperando que ustedes se posesionen para proceder así, pero ya están advertidos”, sentenció.

Advirtió igualmente que es objeto de sanción disciplinaria la construcción de presupuestos irreales, que no respetan la anualidad presupuestal y las limitaciones a las vigencias futuras, descuidando aspectos relacionados con la deuda pública, e invitó a los nuevos mandatarios a obrar en estos asuntos con mesura y sabiduría legal y administrativa.

En materia de contratación, llamó la atención sobre la condición irregular de adelantar procesos sin trasparencia, en contravía de los procedimientos legales y sin una adecuada supervisión y seguimiento: “En este aspecto, señores alcaldes y gobernadores, los requiero para que sean implacables en el proceso de ejecución contractual; auditen mediante cronogramas y modelos de verificación real y material la ejecución de los contratos y ante el menor incumplimiento, apliquen los mecanismos de ley para sancionar y proteger los recursos públicos”, puntualizó.

Hizo énfasis sobre la conducta de recibir dádivas, coimas, invitaciones o viajes que los contratistas y beneficiarios del Estado ofrecen sin aparente interés, y al respecto advirtió: “Un buen rato o un placer momentáneo, puede concluir en un gran problema para el resto de sus vidas”.

Los invitó a adelantar los programas de prevención, mitigación de desastres naturales y estrategias medioambientales; a atender oportunamente y con transparencia la ejecución en los procesos de educación; a ser eficientes en la inversión de los recursos para la atención de necesidades básicas insatisfechas y en el desarrollo de estrategias para atender las políticas de agua y vivienda; a realizar un adecuado seguimiento a los contratos en materia de salud; a efectuar un adecuado seguimiento a la gestión y desempeño de sus subalternos, y a emprender acciones concretas de protección a la infancia, adolescencia, familia y habitantes de calle.

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